La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que remitirá al Defensor del Pueblo una carta escrita por varias personas afectadas por la ‘inquiokupación’ de sus viviendas.
La decisión llega después de que esta misma semana se reuniera con una de las víctimas. «A ver si este (tema) le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución», ha manifestado.
Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la dirigente autonómica ha denunciado que los casos de ‘inquiokupación’ están «multiplicándose» en la Comunidad sin que el Gobierno tome medidas al respecto. Según ha señalado Ayuso, el Ejecutivo central no está haciendo «absolutamente nada más que decir que son bulos porque les carcome la ideología y la inhumanidad».
La presidenta madrileña ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de «insultar a los afectados» al considerar que «son unos mentirosos» y que «se lo están inventando». En su intervención, ha subrayado que tanto la ‘inquiokupación’ como la ‘okupación‘ son delitos que afectan a la imagen del país y generan desconfianza.
En este sentido, ha calificado la situación de «injusta», asegurando que el 95% de las viviendas ‘okupadas’ pertenecen a «pequeños tenedores», alejando el problema de una cuestión de clases sociales. «Tener un piso no significa ser rico. Y si no, que se lo digan algunos de su bancada, que tiene múltiples viviendas. Tener una vivienda no significa ser rico, y no se puede prender una lucha de clases entre quienes lo tienen y quienes no. Esto es algo que es impresentable», ha apuntado.
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que la propiedad es un pilar fundamental de la sociedad, la libertad y el Estado de derecho.
«El sanchismo es la versión cutre del comunismo que aspira a ese feeling totalitario y siniestro de Lenin y Stalin y se queda en las aventuras y desventuras de (José Luis) Ábalos e (Íñigo) Errejón», ha afirmado, denunciando que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la ‘okupación’ ilegal ha crecido un 41%.
