La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en el punto de mira a las universidades públicas con la propuesta de una nueva normativa que ha levantado una fuerte polémica. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), fechado el 29 de mayo, contempla un endurecimiento de las sanciones en los campus sin precedentes. Entre otras medidas, propone multas de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas y escraches, y sanciones que alcanzan el millón de euros por infracciones consideradas “muy graves”.
Estas últimas incluyen formulaciones ambiguas como “no garantizar la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra”, lo que abre la puerta a sancionar tanto a individuos como a las propias universidades. También se contempla sancionar con hasta 15.000 euros la colocación de pancartas no autorizadas.
El borrador ha sido comparado por algunos expertos con la línea dura de Donald Trump en EE.UU. En opinión de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, “el artículo es jurídicamente inaplicable, demasiado abierto, da lugar a arbitrariedad”. Además, advierte que establecer multas tan elevadas, sin margen de modulación, es contrario a la seguridad jurídica: “Solo un juez puede determinar si se vulnera o no la Constitución o la libertad de expresión”, subraya.
Un régimen disciplinario polémico
El texto prevé que las infracciones muy graves sean sancionadas por el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras que las graves —entre 15.000 y 100.000 euros— estarán en manos del consejero del ramo, Emilio Viciana. Entre las conductas recogidas están impedir actos políticos o mediáticos, permitir acampadas de protesta, o permitir supuestos escraches.
Según se ha conocido, la asociación estudiantil de derechas Libertad sin Ira habría influido en el diseño del régimen sancionador. De hecho, en redes sociales han celebrado su participación en el borrador: “Hoy hemos conseguido introducir el régimen sancionador en la nueva ley de universidades”, afirmaron en un vídeo junto al director general de universidades.
Choque con otras normas estatales
La LESUC colisionaría directamente con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, que ya contempla sanciones para estudiantes, así como con el Estatuto del Empleado Público de 1986. Tampoco las leyes autonómicas de Cataluña o el País Vasco recogen sanciones similares.
Los rectores madrileños, enfrentados desde hace meses a lo que denuncian como una “asfixia financiera”, han advertido del riesgo de que esta ley suponga una intromisión en la autonomía universitaria. En un comunicado conjunto, aseguraron que las universidades públicas deben ser “espacios de convivencia, pluralidad y diálogo, no centros de adoctrinamiento”.
