Diecinueve miembros del clan de los ‘Emilios’, uno de los más activos en la venta de droga en la Cañada Real, se sienta este miércoles otra vez en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, doce años después de ser condenados por delitos de salud pública.
En esta ocasión, la Fiscalía pide penas de hasta siete años de prisión. En 2010 ya se les condenó a hasta 5 años de cárcel tras alcanzar un acuerdo con el fiscal. Este clan ocupaba una corrala de 14 viviendas del sector VI de la Cañada, tres de las cuales eran destinadas en exclusiva al despacho diario de heroína, cocaína o mezcla, en monodosis o en grandes cantidades.
El escrito jurídico indica que entre los meses de julio y noviembre de 2013 la policía pudo constar que en una determinada parcela del poblado de Valdeminmgómez en la Cañada Real había un trasiego continuo de personas «con aspecto de toxicómanos». Lo que hizo sospechar del tipo de actividad delictiva que se llevaba a cabo en estos domicilios.
Debido a las sospechas, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia que arrojaron luz a las primeras pesquisas; se constató la existencia de un grupo formado por trece personas que se encargaban de la venta de drogas a personas consumidoras en una finca en forma de recinto cerrado con sólo dos entradas posibles, con acceso controlado y unas diez dependencias habitables.
Los acusados se dividían las tareas. Unos asumieron turnos rotatorios de vigilancia y control de acceso de personas ajenas al interior del recinto, mientras que otros realizaban las transacciones de las sustancias por dinero con los consumidores que acudían al lugar.
Al tratarse de una edificación con sólo dos puntos de acceso vigilado, así como con diversas dependencias con puertas blindadas y ventanas con rejas y escaso uso de conversaciones telefónicas para transmitirse información, los agentes se vieron obligados a infiltrarse, uno de ellos acudió en siete ocasiones para adquirir unos ocho gramos de cocaína que resultó ser lidocaína y cafeína.
Tras constatar los hechos, la Policía solicitó la entrada y registro que autorizó el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid «al objeto de proceder a la intervención de la sustancia estupefaciente que pudiera haber dispuesta para su venta en el lugar, los efectos e instrumentos para su manipulación y venta, dinero procedente de la venta de droga, armas, sustancias de adulteración, efectos obtenidos a cambio de droga y demás efectos».
Durante el registro la Policía se incautó de droga, dinero en metálico, básculas de precisión, así como dos pistolas, una Browning y otra Smith Wesson, una escopeta de repetición y diversa munición.
