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La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha llevado este lunes ante el Defensor del Pueblo la falta de profesionales en atención primaria, que «impide» la continuidad asistencial en algunas zonas, y el «apartheid» que a sus ojos se está llevando a cabo con las personas cuya situación administrativa no está regularizada.

Así lo han explicado Carmen Esbrí y Paloma Casáñez, miembros de la plataforma, a los medios de comunicación tras el encuentro con Ángel Gabilondo.

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«Hay personas que están en un limbo en la Comunidad en términos de Atención Primaria, personas que han perdido sus equipos de referencia y que no se han enterado», ha censurado Esbrí, quien ha añadido que esta situación deriva de plazas de jubilados o de personal de baja que no se ha cubierto. Esto también afectaría a Pediatría.

Casáñez ha precisado que esta situación estaría sobre todo en zonas sanitarias del centro-sur y sur de la región y que a julio del pasado año afectaba a unas 190.000 personas.

Un centro de salud en la Comunidad de Madrid (Foto: Archivo)

Esto supone que «haya personas que están bailando su asistencia» con médicos distintos y sin continuidad asistencial, lo que repercute, además, en mayor presión a los profesionales que tienen que hacerse cargo de pacientes que no les corresponderían.

«Se necesitaría que esas plazas con mayor dificultad para ser cubiertas tuvieran una compensación para que se cubrieran y no se fueran a otra comunidad», ha remarcado Casáñez, quien ha añadido que en el último MIR los opositores no eligieron estas plazas.

Situación de «apartheid»

Otro de los temas que llevaron a la reunión con Gabilondo, quien se mostró «muy receptivo», fue la situación de las personas que tienen una situación administrativa no regularizada y que padecen una situación de «apartheid», según Esbrí.

Cuentan con unas trabas «terriblemente onerosas» para poder acceder al servicio. Casáñez ha asegurado que el pasado octubre se hizo un «borrado masivo sin filtro» de las listas donde se estaban dando de alta para que pudieran tener asistencia y que a raíz de ello se han creado «unidades de tramitación» donde deben llevar su expediente siendo previamente citados.

«Acumulan una demora de hasta el 4 de noviembre y por eso no son atendidos con sus citas pendientes. Hay personas con enfermedades graves como VIH o Covid (…) Solo se les atendería en urgencias e incluso se les facturaría», ha reprochado.

Por último, Esbrí ha afirmado que estas medidas están guiadas hacia la «destrucción de la Atención Primaria de forma programada» para poder privatizarlo posteriormente, pero ha apuntado que la función de la segunda es de carácter «asistencial» mientras que la primera lleva un acompañamiento de toda la vida del paciente.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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