La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, por unanimidad, la Ley de Cooperativas que busca flexibilizar la creación y el funcionamiento de estas entidades para que sean más ágiles y competitivas, eliminando trabas burocráticas y regulatorias, como la obligatoriedad de abonar 3.000 euros en su constitución.
La nueva normativa, que sustituye al anterior texto que ha tenido una vigencia de más de 20 años, se hará efectiva con su publicación en los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
La Ley de Cooperativas madrileña tiene 147 artículos en los que se han introducido múltiples modificaciones, «también de cara a fortalecer la seguridad jurídica y el apoyo a los socios».
De esta forma, una de las novedades es la eliminación de la exigencia de un capital social mínimo de 3.000 euros para constituir una cooperativa, por lo que un euro será suficiente. Además, se pretende mejorar la liquidez de las empresas con la reducción de las aportaciones al fondo de reserva obligatorio.
Como novedad también con respecto al texto inicial al introducirse en la tramitación parlamentaria, se habilita un plazo de 30 días hábiles para el otorgamiento de la escritura de constitución. Se clarifica a su vez la clasificación de las cooperativas: de producción, de consumo de bienes y servicios, especiales, de sectores y de vivienda en concesión de uso.
Asimismo, en la ley autonómica se recoge de manera novedosa la regulación de las energéticas y de autoconsumo. Se amplía la posibilidad de constituirse como una sin ánimo de lucro a todas las clases de cooperativas.
Autorizaciones administrativas
También se sustituirá el régimen de autorizaciones administrativas por una comunicación o declaración responsable. Se facilitará la gestión de las mismas al permitirse la celebración de las asambleas y consejos rectores de manera no presencial, y se limitará la responsabilidad de los socios por las deudas de estas sociedades, impidiéndose que pueda exigirse mayor responsabilidad que la aportación que hizo el socio al capital social.
Las disoluciones y liquidaciones serán efectivas bastando su constancia en escritura pública y una única publicación en el BOCM, para reducir así los costes del procedimiento.
Los ‘noes’ de la Asamblea
En la sesión de la Asamblea quedaron rechazadas varias propuestas. Entre otras, los Grupos parlamentarios rechazaron, con los votos de PP y Vox en contra, una Proposición de Ley de Más Madrid para blindar la Atención Primaria mediante el establecimiento de un suelo de gasto sanitario en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, destinando a la Atención Primaria al menos el 20% del gasto sanitario público y a la Salud Pública al menos el 5%.
Con ella, querían garantizar la apertura con equipo completo de profesionales de los 37 SUAP y los 40 SAR. Establecimiento de un suelo de gasto sanitario en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, ser superior a la media del gasto sanitario presupuestado por habitante de las comunidades autónomas en el año previo al ejercicio presupuestario, ser superior al 6% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid, eran otras de las propuestas.
Mientras, Vox y los partidos de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han tumbado con sus votos el Proyecto de Ley para la creación de una Agencia de Ciberseguridad, que había propuesto el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, al dar luz verde a una de las enmiendas a la totalidad.
El objetivo era contar con un organismo público que propusiese y promoviese el uso de soluciones y servicios ante ciberataques en la Administración. Buscaba actuar en ámbitos donde no existen capacidades de ciberseguridad, como entidades locales de menos de 20.000 habitantes e impulsar la seguridad informática en relación con las empresas, especialmente las pymes, y los ciudadanos, reforzando en este sentido la competencia que ostenta el Estado.
Por último, la Asamblea de Madrid rechazó, con los votos de PP y Vox, una Proposición de Ley de Unidas Podemos que pedía establecer la figura del defensor del paciente.
Esta defensoría tenía como principal objeto el intermediar en los conflictos que planteen los ciudadanos en el uso de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, recabar información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios del sistema, así como recibir cuantas sugerencias u observaciones desee realizar la ciudadanía en su relación con la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
