El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, no ha aclarado este miércoles en rueda de prensa si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Agencia de Informática de la Comunidad realizarán algún ‘barrido’ en los móviles de los consejeros y miembros del Gobierno regional para ver si han sido espiados mediante el spyware ‘Pegasus’, como ha ocurrido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, Ossorio ha detallado que estas competencias recaen sobre la Agencia de Informática de la Comunidad, quien determinará en última instancia si las medidas que se adopten las llevará a cabo con personal propio o si hará el encargo a alguna empresa o entidad especializada en estos rastreos.
«La Agencia es la que está permanentemente pendiente de velar por la seguridad de los terminales de los miembros de Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha esbozado, tras lo que ha añadido que «en función de sus competencias, decidirá si (los barrios) lo hacen con entidades externas o si lo hacen los servicios de la Comunidad de Madrid».
En cualquier caso, Ossorio ha justificado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya negado a entregar al CNI su móvil para realizar estos barridos, postura que también han adoptado otros presidentes regionales después de que el Centro remitiese un correo a los Ejecutivos autonómicos para que se cediesen los móviles en busca de rastros de ‘Pegasus’.
«Yo tampoco estaría tranquilo si entregará mi móvil. Yo no lo daría -ha argumentado- porque, sinceramente, el señor Sánchez y su equipo aquello a lo que se acercan, lo perjudican».
Nuevos espionajes a ministros
Hoy, se ha sabido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la ampliación de la denuncia solicitada por la Abogacía del Estado y que incluye la infección con Pegasus de los móviles del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del de Agricultura, Pesca y del de Alimentación, Luis Planas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha tomado esta decisión después de haber recibido el escrito de los servicios jurídicos del Estado en el que se informa de que sendos dos teléfonos móviles sufrieron la infección en el mes de junio de 2021, según se desprende de los dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional.
Según informó el Gobierno este martes, el terminal de Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mes de junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.
