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La Comunidad de Madrid va a realizar una auditoría sobre el sistema de protección de menores de la región y pondrá en marcha un plan de choque con el objetivo de impulsar el acogimiento familiar frente al residencial en centros.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia a petición propia ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la colaboración de su departamento en la investigación policial de la denominada ‘Operación Sana’, que ha desarticulado un grupo dedicado a la explotación sexual de menores.

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Hemos colaborado en todo momento con las autoridades policiales y judiciales -ha subrayado-; siempre que detectamos que un menor está siendo víctima de un delito lo denunciamos de inmediato. La Comunidad de Madrid -ha agregado- ha hecho su trabajo, que es proteger a los menores en el interior de nuestros centros».

«No hay caso»

En este punto, Dancausa ha considerado que «no hay caso» en Madrid porque las menores tuteladas afectadas son víctimas de la trama desarticulada y porque las vejaciones y delitos las sufrieron fuera de los centros de protección y no dentro.

«En Madrid se ha hecho lo correcto. El centro denunció los hechos inmediatamente. Hemos colaborado con todo proceso judicial con la Policía, los Juzgados y la Fiscalía. Enviamos un escrito solicitando toda la información disponible y personándonos como acusación particular. Hicimos una inspección de urgencia al centro (Picón de Jarama), yo misma lo visité el 17 de enero y hemos contestado al Defensor del Pueblo. Hemos antepuesto la defensa del interés superior del menor a otros intereses, lo que contrasta con el doble rasero de la izquierda», ha manifestado.

Un centro de menores.

En ese punto, la consejera ha recalcado que protección de los menores fuera de los centros corresponde a la Policía. «Nuestro papel no es ni el de la GRUME, ni el de la UFAM, ni el de la Fiscalía de Menores, ni el de la Guardia Civil», ha indicado.

Sumario

Dancausa ha afirmado que la Comunidad que ayer mismo recibió el sumario y que no tuvieron conocimiento de la existencia de la ‘Operación Sana’ hasta su difusión en los medios. Más tarde descubrieron que había cinco menores de sus centros involucradas, tres de ellas testigos protegidos.

Poco antes de la difusión de la nota de prensa sobre la operación policial, ha relatado que el consejero de Presidencia se puso en contacto telefónico con la delegada del Gobierno y la respuesta sobre si había menores tuteladas en esa trama «fue que no, que decía no saber nada». «Si no los sabía la delegada, ¿Cómo quieren que lo supiéramos nosotros?», ha apostillado Dancausa.

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La titular regional de Juventud ha recordado que las administraciones e instancias involucradas son conscientes del marco de colaboración en el que nos movemos; pero cada una tiene su ámbito de competencia bien definido.

En 2021 contabilizaron más de 5.000 denuncias y comunicaciones de los centros de menores y de la Comisión de Tutela a las autoridades policiales y judiciales. Dancausa ha recordado que la Fiscalía tiene acceso a todos nuestros expedientes y tiene la obligación de visitar cada 6 meses todos los centros de protección de menores; y cuando un menor lo solicita, se reúne con el Fiscal a solas.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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