La Memoria Anual de la Audiencia Provincial de Madrid correspondiente al año 2022, un documento que recoge la actividad judicial y las principales demandas de los magistrados para mejorar las condiciones laborales, ya recogía la urgente necesidad de contratar más personal para atender los casos, sobre todo en el acompañamiento de víctimas y menores durante los juicios.
Además, la Memoria recogía que se ha reducido la plantilla de los médicos forenses, pasando a tener dos forenses que efectúan además informes en materia de incapacidades, un número que tachaban de «insuficiente» por lo que existe el riesgo de que se ocasionen retrasos en la emisión de los informes preceptivos.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a reclamar a la Comunidad de Madrid que nombre una trabajadora social para el acompañamiento de víctimas y menores durante los juicios que se celebran, así como más forenses para que no haya retrasos en la elaboración de informes.
Los magistrados consideran que en las secciones penales se debe prestar servicio de acompañamiento y atención a las víctimas menores de edad e incapaces, agresiones sexuales y violencia sobre la mujer por parte de una trabajadora social.
Así, entienden que resulta preciso su nombramiento por parte de la Comunidad de Madrid, en coordinación con la Oficina de Asistencia a Víctimas.
Por otro lado, el plan de refuerzo para las secciones de familia requiere mantener «un gabinete psicosocial, compuesto por dos psicólogos y dos trabajadores sociales, para la realización de informes periciales solicitados por los magistrados».
Ante ello, consideran los magistrados «conveniente» el establecimiento por el Instituto de Medicina Legal de protocolos y módulos de trabajo que permitan evaluar el rendimiento de los designados.
