Publicidad

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha solicitado la nulidad de la causa ‘Lezo’ argumentando que la misma tiene su origen en un «burdo montaje» orquestado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo «por encargo de terceras personas con la finalidad» de hundirle «política y personalmente».

Así se desprende de su escrito de defensa, en el que sostiene que «no pueden considerarse» como válidas unas informaciones de un denunciante anónimo que fueron, sostiene, las que «dieron origen a la causa y que no han sido corroboradas por ninguna de las diligencias practicadas en fase de instrucción». «La acusación contra mi mandante es temeraria y carece de todo soporte indiciario», esgrime.

Publicidad

De esta forma, y a lo largo de 109 páginas, su letrado trata de desmontar los delitos que le imputó la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero que recayó en una UTE participada por OHL en 2007 gracias a la «ventajosa oferta económica» en comparación con otras siete empresas. Por estos hechos González se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión.

En su escrito, su letrado subraya que González, que en el momento de los hechos ocupaba la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, no realizó «ninguna actividad irregular o que pueda ser tachada de ilícita», incidiendo además en que «no existe indicio alguno en el que las acusaciones puedan basar los hechos de los que le acusan».

Mintra

Pero, además, González asegura que «carece de toda lógica» pensar que «habría ejercido su influencia» sobre el otrora consejero delegado de MINTRA Jesús Trabada para asegurarse de que la contratación fuese a parar a la empresa OHL.

El expresidente madrileño Ignacio González y su abogado Esteban Maestre salen de la Audiencia Nacional tras testificar el primero en relación a la presunta financiación ilegal del PP en el caso Púnica (Foto: EP)

En el escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción enmarcaba los hechos en 2007, cuando la empresa gana el concurso público y a la par, el empresario Javier López Madrid aprovecha su amistad con Ignacio González para convenir con éste que aprovecharía su posición en la Comunidad de Madrid para asegurar dicha adjudicación dado que podía influir sobre Trabada.

Publicidad

A este respecto, el expresidente niega incluso que conociera al propio López Madrid, para quien la Fiscalía interesa una pena de seis años de cárcel. «Mi mandante no conocía en el año 2007 a Javier López Madrid y la relación que pretende acreditarse con una mera anotación de un nombre en una agenda es absurda», insiste.

Para su defensa «carece de toda lógica que se considere acreditado para sostener una acusación» que González habría solicitado una comisión para la adjudicación de esta obra, cuando ni siquiera tenía competencia para adjudicar la obra».

Sin vinculación a OHL

El juez instructor explicó en el auto de apertura de juicio oral que la presentación de la oferta por parte de OHL obedeció a un plan ideado por el propio López Madrid -consejero dominical de la empresa en el momento de los hechos- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas. Dicho plan consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.

Publicidad

Así, y para lograr su propósito, ambos investigados habrían destinado 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros- «al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia» sobre Trabada.

En esta línea, González asegura que tampoco «tenía posibilidad alguna de cooperar en la emisión de facturas de la compañía OHL», negando además haber «tenido nunca vinculación alguna con esta empresa». Además, tampoco conocería al director de Control de Gestión, Felicísimo Damián Ramos, o al consejero de la misma, Rafael Arturo Martín.

Así, el expresidente de la Comunidad de Madrid, que recuerda que es a ellos «a quienes se les atribuye la confección de esas facturas», insiste en que «no consta ni una sola grabación, mensaje, documento o mínimo indicio de que tuviera conocimiento de la existencia de esas facturas». Es por ello, continúa, por lo que la acusación «como cooperador necesario de esta falsedad es absolutamente temeraria».

En este contexto, González también se desliga del empresario Adrián de la Joya -muy vinculado a Villarejo- dejando claro que nunca le hizo ninguna transferencia bancaria y negando que existiera ningún poder notarial a favor de éste en una cuenta bancaria a nombre de una sociedad en Suiza.

«Mi mandante no ha tenido nunca ninguna relación con esta persona, ni existe ninguna vinculación entre mi representado y las entidades reseñadas en los informes policiales iniciales», sostiene en el escrito.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.