Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo hidropónico de marihuana, asentado principalmente en la Cañada Real y especializado en el cultivo y distribución de grandes cantidades de esta sustancia estupefaciente.

Se han efectuado un total de diez registros en diferentes inmuebles de Madrid, Arganda del Rey y Coria (Cáceres), en los que se han intervenido más de un millar de plantas de marihuana, cinco armas de fuego y más de 75.000 euros en efectivo, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid y la Comandancia de Madrid.

La investigación de la Guardia Civil arrancó a finales del año 2021 cuando se recibió una denuncia de una empresa dedicada a la distribución de electricidad en la que se informaba de la detección de un consumo notablemente excesivo en uno de los sectores de la Cañada Real Galiana.

Los agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid (EDOA) corroboraron la existencia y funcionamiento de numerosos aparatos de aire acondicionado durante las 24 horas del día pese a las bajas temperaturas del invierno, sospechando que el elevado consumo del suministro pudiera estar relacionado con el cultivo de plantaciones de marihuana, así como a la venta de cocaína y heroína.

El avance de la investigación permitió conocer que agentes de la Policía Nacional estaban inmersos desde febrero en un operativo de similares características en la zona, por lo que se decidieron aunar esfuerzos surgiendo así la operación conjunta ‘ketoya-siñela’.

Un complejo entramado

Fruto de las complicadas gestiones realizadas en el entorno de esta vivienda se llegó a identificar a varios componentes de la organización, logrando a mediados del año 2022 descifrar el complejo entramado del grupo formado por 31 personas asentadas varios sectores de la Cañada Real y en el municipio cacereño de Coria, pertenecientes a cuatro familias que actuaban de una manera organizada y perfectamente planificada.

La estructura del grupo estaba liderada por un matrimonio que se encargaban desde la Cañada Real Galiana de la coordinación y distribución de los puntos de venta y de determinar las personas responsables del mantenimiento de las plantaciones. En un escalón inferior se encontraban sus hijos, unos con importantes funciones de distribución de sustancias y otros dedicados al control de la logística de generadores, depósitos de gasoil y a la realización de pagos.

Casi todo el entramado restante del grupo era el encargado del mantenimiento, corte y preparado de las sustancias, teniendo ambién personas encargadas de contactar con compradores, cerrar precios e incluso mostrar la mercancía a posibles compradores.

Ejercían un férreo control sobre un amplio sector de parcelas de la zona, haciéndose con las viviendas mediante la ocupación o mediante coacciones a sus moradores, personas de escasos o nulos recursos.

Imágenes del registro de una de las viviendas de la Cañada Real/ Guardia Civil

10 registros

Ante la elevada actividad delictiva que desarrollaban y la gran envergadura de la investigación, se realizaron 10 entradas y registros en sus viviendas, situadas 9 de ellas en los sectores en la Cañada Real y otra en la localidad de Coria (Cáceres) procediendo a la detención de las 31 personas.

En estos registros, los agentes consiguieron intervenir 75.000 euros en moneda fraccionada, 3 armas de fuego cortas, 2 armas largas, 43 kilogramos de cogollos de marihuana, 1.400 plantas en diferentes estados de crecimiento, 84 gramos de cocaína, numerosa documentación de contabilidad de menudeo y un vehículo de alta gama.

Así mismo se han desmantelado 5 instalaciones de cultivo, mantenimiento, recolección y secado de plantaciones de marihuana y 4 importantes puntos de distribución y venta de cocaína y marihuana.

Los 31 detenidos son 21 hombres y 10 mujeres de nacionalidad Española, con edades comprendidas entre los 22 y los 69 años, con antecedentes relacionados con delitos por tráfico de drogas y a quienes por estos hechos se les imputan delitos contra la salud pública, por cultivo y tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, receptación, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico y blanqueo de capitales al haber conseguido relacionar a varios de los investigados, sin ingresos reconocidos con transacciones que superan los 100.000 euros.

Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de 5 integrantes del grupo criminal, siendo estos los pertenecientes al escalón superior.

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