La Comunidad de Madrid pagará a Encasa Cibeles 107 millones de euros por el retorno a la Agencia de Vivienda y Suelo (AVS) de 1.721 que en 2013 formaban parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y cuya venta -efectuada en 2013- fue anulada por la Justicia.

Esta cifra se trata del resultado de una valoración de los inmuebles que fueron recepcionados por el Ejecutivo regional el pasado septiembre. Para llevar a cabo esta delimitación del precio se ha fijado en la «escritura de los pisos sin actualizar y sin intereses», un peritaje «objetivo» que está «avalado» por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y que ha sido informado al fondo de inversión esta semana.

Las viviendas eran en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

Desde la Consejería han insistido en que, desde que en septiembre de 2021 se conociera el último de los fallos judiciales, desde el Ejecutivo regional se ha «garantizado» que todos los afectados por la enajenación continúan viviendo en sus pisos -ahora dependientes de la AVS-.

«La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura siempre ha trasladado un mensaje de tranquilidad a todas las familias que, tras el fallo judicial, pasaron a ser inquilinos de pleno derecho de la AVS», han incidido.

También han recordado que se creó un grupo de trabajo que se puso en comunicación con los afectados para informarles de su situación y que los técnicos del mismo «trabajan desde hace meses para analizar de forma personalizada caso por caso las condiciones de sus actuales contratos de arrendamiento y sus necesidades sociales».

En 2013 la Comunidad de Madrid vendió casi 3.000 pisos sociales del antiguo Ivima a Goldman Sachs Azora, medida que fue recurrida a los tribunales.

Una protesta ante los juzgados, en 2019 (Foto: FRAVM).

En 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que anulaba la venta. A su vez, tras recurrir la Comunidad el fallo del TSJM, el 11 de marzo de 2020 el Tribunal Supremo volvía a pronunciarse en el mismo sentido. En septiembre el Ejecutivo autonómico confirmaba que no recurriría más autos sobre este tema y acataría la sentencia.

El juez de primera instancia consideró en mayo de 2018 que dicha adjudicación «no se ajustaba a derecho» y no estaba justificada por ningún «informe o análisis complementario de carácter técnico, económico, financiero y legal». En concreto, el fallo señalaba que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que «no eran necesarias». Sin embargo, alegaban que esta afirmación ni está explicada ni justificada.

«No se ofrece ni justifica la razón o el por qué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna», argumentaba la sentencia en su momento, ratificada posteriormente en sucesivos fallos.

Se indicaba además que faltaba el «requisito de innecesariedad de dichas promociones de patrimonio de la Comunidad de Madrid» y que la venta «supone toda una alteración del programa de actuación del Ivima».

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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