Los trabajadores afectados por la reorganización de la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid vuelven a convocar paros en el servicio hasta el martes, tres jornadas de huelga que arrancaron este domingo para reclamar la reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en las mismas condiciones y con la misma dotación de personal que tenían antes de la pandemia de Covid-19.
Estos paros coincidirán además con la huelga de casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria que arrancó el pasado 21 de noviembre.
La huelga en Urgencias -que ha sido convocada por los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112), MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad) y CSIF, junto a la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y la Asociación Madrileña de Enfermería (AME)- han llamado a apoyar la huelga de médicos y pediatras y tienen previsto extenderla a la totalidad de los trabajadores de Atención Primaria, aunque este parón todavía no ha sido convocado de manera oficial, «frente a una Consejería de Sanidad que no cesa en su escalada de maltrato profesional y deterioro del sistema sanitario público».
Estos tres días de paro servirán para retomar las protestas por el último plan de la Consejería basado en 49 puntos de urgencia en Atención Primaria con presencia de facultativo, 39 de ellos antiguos SAR y otros diez donde antes había un SUAP, y 29 dispositivos con cuidados continuados de Enfermería.
27 centros sin atención médica
Según este modelo, 27 de estos últimos centros de Servicios de Urgencia de Atención Primaria cerrados desde hace más de dos años perderían la atención médica.
Entre otras cuestiones, reclaman una dotación económica suficiente a la Atención Primaria, que debe representar el 25% del presupuesto sanitario, mientras ahora no llega al 11% y que sitúa a la región a la cola de todas las Comunidades Autónomas, cuya media es casi el 15%, cuando es «la comunidad autónoma más rica».
También defienden un aumento de las plantillas en base a las necesidades reales y la cobertura inmediata de las vacantes estructurales y del 100% de las ausencias, así como poner fin a la precariedad laboral entre los profesionales sanitarios para acabar con el déficit estructural en Atención Primaria.
En la misma línea, abogan por poner en marcha otra serie de medidas como la resolución de las ofertas públicas de empleo de todas las categorías y su convocatoria cada 1-2 años y un Plan de Urgencias y Emergencias «realista y equitativo» para profesionales y población.
