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El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2023, conocido como ‘techo de gasto’, con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado en una entrevista que la intención es que el techo de gasto vaya en este próximo Consejo de Ministros.

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En julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo tiene el reto de dar ‘luz verde’ a un nuevo techo de gasto, teniendo en cuenta que lleva dos años batiendo cifras récord.

Este paso es el punto de partida del camino hacia la aprobación de las últimas cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual.

El último cuadro macroeconómico del Gobierno establece un crecimiento económico para 2022 del 4,3%, con la previsión de que la recuperación de los niveles prepandemia llegará en el primer trimestre de 2023.

No obstante, el alza de la inflación, que se prevé que continúe en niveles elevados todo el verano, ya está presionando las cuentas de hogares y empresas. Según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,9% en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa interanual hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985.

Pese a que el Ejecutivo sostenía hace unos meses que el repunte inflacionista sería «transitorio», los datos muestran que esa escalada no ha cesado, incluso con las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerle frente. Eso sí, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que sin las medidas económicas aprobadas, la inflación sería del 15%.

Pero en un contexto de tanta incertidumbre, el presidente del Ejecutivo ya ha advertido a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, recalcando que seguirá «articulando medidas» para amortiguar los efectos de la guerra.

Cuentas públicas

Cabe recordar que el pasado mes de junio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.

En la Orden, firmada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se subraya que la economía española afronta esta situación de incertidumbre global desde una posición «sólida», con un patrón de recuperación muy distinto al de crisis anteriores y con unos fundamentos «más robustos», con un nivel de empleo récord desde 2008 y un aumento considerable de los contratos fijos como consecuencia de la reforma laboral.

La Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio.

El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Ejecutivo, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En todo caso, Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España «se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas», donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110% del PIB para ese mismo año.

En cuanto a los criterios que seguirá el Gobierno para asignar los recursos de los PGE, la Orden da prioridad a aquellos que permitan continuar impulsando el proceso de transformación estructural de la economía, avanzando hacia un país «más verde, más digital, más cohesionado desde el punto de vista social y territorial y más igualitario».

De igual forma, los PGE de 2023 apoyarán, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables ante la escalada de los precios energéticos.

Otros objetivos de las cuentas del próximo año serán modernizar el tejido productivo, potenciando la eficiencia de las administraciones públicas y el papel de las pymes y autónomos; impulsar la cohesión social y territorial de España reforzando el Estado del Bienestar y la sanidad pública, potenciando un sistema fiscal «justo y equitativo», y estableciendo iniciativas que permitan afrontar el reto demográfico.

Se buscará también garantizar la plena igualdad de género y la seguridad y libertad de las mujeres a través de medidas orientadas a la conciliación familiar y a incrementar la tasa de empleo femenino, así como combatir la violencia de género, impulsando de manera simultánea la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la economía y en la sociedad.

Negociación «dura» por el incremento del gasto en Defensa

Desde el Gobierno asumen que será «duro» negociar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que incluirá el incremento del gasto en Defensa para alcanzar el objetivo de llegar a un 2% del PIB en 2029, compromiso alcanzado en la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Unidas Podemos y otros socios prioritarios para el Gobierno como ERC ya han mostrado públicamente su rechazo frontal a este aumento de las partidas destinadas a defensa y, en contraposición, urgen a tomar medidas «contundentes» de aumento de gasto social.

Además, desde Podemos abogan por desplegar una reforma fiscal «ambiciosa», aunque hay que tener en cuenta que no se pueden crear nuevas figuras tributarias en los Presupuestos Generales del Estado y desde Hacienda ya han descartado acometer esta reforma «completa» del sistema debido a la coyuntura actual.

Pese a contar ya con el informe de los expertos, desde Hacienda han reiterado que la aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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