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La Policía Judicial ha informado al juez de Instrucción número 30 de Madrid de la identificación de un posible autor de una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por un lote de mascarillas defectuosas en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño, han informado fuentes jurídicas.

La estafa de unos 1,2 millones de euros se denunció el pasado mes de julio por parte de la Policía Municipal de Madrid tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos.

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El presunto estafador podría ser el propietario de la consultora Sinclair & Wilde, intermediario que se pensaba que vivía en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada en esta ciudad estadounidense a pesar de que ahora se le ha localizado en Madrid.

El sumario de la causa contra los empresarios, Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones que exigen la UE y España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».

Al parecer, el juez abrió unas diligencias pero el pasado 19 de julio procedió a su archivo ante la falta de autor conocido de la presunta estafa, ya que no se conocía el paradero del dueño de la citada consultora.

El 12 de abril la Policía Judicial informó al magistrado de la posible identificación del presunto autor de la estafa. En estos momentos, el instructor estudia si reabre o no el procedimiento.

Una tira de mascarillas FPP2 en línea de producción (Foto: Ep)

Compra de mascarillas

El Consejo de Administración de la funeraria municipal, a través de la que se canalizaba las compras en la primera ola de pandemia, aprobó el 24 de marzo de 2020 dicha compra de medio millón de mascarillas FFP2.

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, detalló que tras varias incidencias, las mascarillas llegaron «algunas semanas más tarde» y, una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid (PEMAM) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.

Así, la Policía Municipal inició una investigación a petición del director del PEMAN para comprobar tales hechos y el 5 de marzo de 2021 presentó ante Juzgados de Madrid el atestado realizado por la Unidad de Coordinación Judicial del cuerpo.

Caso del material sanitario de Medina y Luceño

El juez el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carreterointerrogó a Luis Medina en el marco de la instrucción del caso de las mascarillas. El magistrado quiso saber si las comisiones se habían pactado. A lo que Medina respondió que no se pactaron en un inicio las comisiones y que entendía que le «iba a tocar un tercio» del contrato.

El aristócrata explicó que no se pactaron en un inicio las comisiones y que entendía que le «iba a tocar un tercio» del contrato de las mascarillas a través de la empresa malaya, Leno. Tras ello, el juez le preguntó si pactó una comisión por traer también los guantes.

Además, el fiscal sostiene que en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados, por la que se obtendrían 4 millones de dólares en comisiones (el 426% del precio real del producto), y a las que renunciaron para «intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid», visto el fracaso de la operación y ante las quejas de la mala calidad de los guantes.

Los dos empresarios investigados, Medina y Luceño declararon el lunes ante el juez y las acusaciones personadas por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. A Medina también se le imputa un delito de alzamiento de bienes.

Alejandra Perez Navarro

Periodista en construcción, apasionada de la Historia Antigua y sus civilizaciones posee un blog propio donde escribe sobre ello. El ámbito periodístico que más ha trabajado ha sido la comunicación...

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