La Comunidad y de Madrid y los ayuntamientos madrileños tendrán a su disposición un total de 455 a través de contratos de venta, además de otras en el marco de una línea de inclusión social y la cesión de suelos para construir viviendas destinadas a alquiler social, tras aprobar el Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas del antiguo ‘banco malo’ para ponerlas a disposición de las familias.
El plan se compone de un refuerzo a la gestión de 14.000 viviendas que ya están habitadas para centrar su estrategia en el alquiler social y de acompañamiento en la inclusión de las familias vulnerables.
«La casuística de estas viviendas es muy variada y requiere detectar situaciones de vulnerabilidad y proporcionar a esas familias el apoyo necesario», ha indicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
En este contexto, el Gobierno tiene previsto movilizar 20.768 viviendas adicionales en manos de la sociedad gestora de activos, que se legarán a comunidades autónomas o municipios mediante acuerdos de venta. También se contemplan convenios de cesión temporal de viviendas para uso social a otras Administraciones Públicas o a entidades sin ánimo de lucro.
De esas casi 21.000 casas, 9.000 de ellas ya están totalmente disponibles para su venta inmediata, según ha desglosado Calviño. Las otras 12.000 viviendas están pendientes de procesos de adecuación.
Distribución
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio, la distribución de estas 21.000 viviendas es la siguiente: 4.950 en Valencia, 3.539 en Cataluña, 2.288 en Castilla y León, 2.093 en Murcia, 2.040 en Andalucía, 1.534 en Castilla-La Mancha, 1.285 en Galicia, 611 en Cantabria, 580 en Aragón, 455 en Madrid, 388 en La Rioja, 305 en Extremadura, 303 en Canarias, 171 en Asturias, 120 en Baleares, 81 en País Vasco y 25 en Navarra. No existen viviendas de Sareb destinadas a venta dentro de este plan en Ceuta o Melilla.
«Es fundamental reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb», ha destacado Calviño, quien ha destacado que el parque público actual de vivienda en España es del 3%, equivalente a 300.000 inmuebles, frente al 9% de media de la Unión Europea.
15.000 en construcción
La tercera línea de actuación del plan del Gobierno para incrementar el parque público de vivienda en 50.000 inmuebles es un proyecto de cesión de suelo urbanizable para construir unas 15.000 viviendas adicionales que se destinarán a alquiler asequible. Estas construcciones se realizarán a través de colaboraciones público-privadas.
Calviño ha explicado que también se destinarán suelos actualmente en manos de la Sareb para «otros objetivos sociales» como la construcción de hospitales, escuelas o aparcamientos.
«Tanto las viviendas como los suelos tienen una distribución geográfica asimétrica y no siguen un criterio poblacional, sino de disponibilidad de los inmuebles que poseían las entidades financieras y pasaron a formar parte de Sareb. Un 60% de estos bienes se concentran en el arco mediterráneo, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía», ha explicado el Ministerio.
Más Madrid apuesta por el alquiler «asequible»
Tras conocerse los datos, la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha recalcado su apuesta por poner las 2.709 viviendas que la Sareb tiene en la Comunidad de Madrid a disposición de los madrileños con alquileres asequibles.
Así, ha trasladado el compromiso de la formación a instar a la Sareb a «ceder esas viviendas en alquiler para los madrileños». En concreto, en la región hay 2.709 viviendas propiedad de la Sareb, de las cuales más de 1.100 están en la capital.
En este sentido, García ha defendido que se trata de proteger el artículo 47 de la Constitución, que recoge que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Zonas tensionadas
Por su lado, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha señalado que las viviendas que la Sareb tiene disponibles para el alquiler en zonas tensionadas no llega ni al 3% de las 50.000 aprobadas por el Gobierno.
La FAI considera que esta medida es «humo», pues el ‘stock’ inmobiliario de la Sareb se encuentra principalmente en zonas sin demanda o bien consta de viviendas inacabadas, vandalizadas u okupadas.
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha asegurado que ni el plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros ni la Ley de Vivienda solucionarán el problema del mercado del alquiler, que ha calificado como un «auténtico drama social».
Así, el presidente de la federación ha pedido «altura de miras» al Gobierno y al resto de fuerzas políticas para que «tengan cautela» a la hora de anunciar medidas en materia de vivienda, huyendo de electoralismos.
Medidas «urgentes»
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Gobierno medidas «urgentes y más ambiciosas» al considerar «insuficientes» las propuestas de la Ley de Vivienda, puesto que «no acata la raíz del problema», según ha informado este martes la OCU.
En concreto, la OCU ha solicitado un debate «amplio y abierto» sobre la Ley de Vivienda, que incluya a las organizaciones sociales, de consumidores y de propietarios.
Además, la OCU ha lamentado la escasa oferta de vivienda pública en alquiler, ya que considera que las administraciones debería multiplicarlas por cinco, bien promoviendo su construcción mediante la concesión de suelo público o adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin.
Otra de las opciones que la OCU sugiere es la concesión de ayudas directas al alquiler «para quien más lo necesite», porque lo «ideal» es contar con un parque público de viviendas que permanezca como un recurso con el paso de los años.
