La Audiencia Provincial de Madrid celebrará mañana miércoles el juicio contra dos altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por el derribo presuntamente ilegal de una vivienda en la Cañada Real. Los acusados son Julio César Santos, jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, y Markel Gorbea, ex Comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023.
Ambos están acusados en relación con la demolición irregular de una vivienda situada en la Cañada Real, llevada a cabo en julio de 2022. Esta actuación se habría producido sin una resolución judicial definitiva, a pesar de que el propietario había recurrido previamente el expediente administrativo de cese de uso, según determinó el juez.
Durante su declaración ante el magistrado, el responsable de Disciplina Urbanística del Consistorio admitió haber facilitado una información incorrecta y que se ordenó la demolición sin realizar nuevas comprobaciones.
Denuncia por el derribo en la Cañada Real
El caso se originó tras una denuncia presentada por el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que señalaba posibles delitos de allanamiento de morada, daños, infracciones urbanísticas y prevaricación, entre otros.
Después de tres años de diligencias, la jueza instructora concluyó que existían pruebas suficientes de conducta delictiva, dictando la conversión del caso en procedimiento abreviado, a petición de la acusación particular representada por los abogados Javier Rubio y Carlos Castillo, de CAES.
En el transcurso de la instrucción se confirmó que el afectado residía de forma continua en la vivienda desde 2006, año en que adquirió la parcela donde se encontraba el inmueble: una casa de ladrillo de unos 80 metros cuadrados, con varias estancias, pozo propio y conexiones de suministros.
La propiedad se ubicaba en la denominada ‘Zona sin asfaltar’ de la Cañada Real. Fue allí donde el Ayuntamiento de Madrid inició, a finales de 2021, un expediente para demoler construcciones no legalizables. Al igual que en otros casos, se dio al propietario la oportunidad de presentar alegaciones.
A pesar de que el afectado recurrió el expediente en dos ocasiones y que aún se estaban tramitando los pasos necesarios para declarar la obra como ilegal, el Comisionado de la Comunidad de Madrid emitió un informe que señalaba que la vivienda se encontraba “completamente abandonada”, sin aportar pruebas que sustentaran tal afirmación, y solicitó su derribo.
Tan solo un día después de recibir esa comunicación y sin llevar a cabo ninguna verificación sobre el estado real de la casa ni del procedimiento abierto, el jefe de Disciplina Urbanística —quien era además el instructor del expediente y conocía su situación— autorizó la demolición. Esta se ejecutó el 19 de julio, apenas cinco días después del citado informe.
En ese momento, el propietario se hallaba de vacaciones desde hacía una semana. Apenas un mes antes había aportado documentación y pruebas que demostraban que la casa era su residencia habitual.
Sin resolución firme
Durante la instrucción judicial, ninguno de los dos acusados logró justificar adecuadamente su actuación, incurriendo incluso en contradicciones. Ambos eran conscientes, según la investigación, de que el derribo de una vivienda con más de tres décadas de antigüedad requería una resolución firme, y que la consideración de abandono exigía la realización de pruebas sólidas.
Desde CAES se subraya que «no sólo no intentaron comprobar si el vecino seguía en la vivienda, lo cual habría sido harto sencillo, si no que teniendo evidentes pruebas de que así era —como los recursos presentados semanas antes, la presencia de todos sus enseres personales y su vehículo dentro de la vivienda, y las declaraciones de los vecinos que intentaron evitar el derribo— continuaron adelante con la ejecución».
Además, la entidad denuncia que esta demolición se produjo «en el marco de una estrategia colectiva de acoso inmobiliario a los vecinos de la Cañada Real, donde continúa el corte de suministro eléctrico en los Sectores V y VI desde octubre de 2020 y todo ello insertado en el objetivo de expulsar a los habitantes de la Cañada Real coincidiendo con la operación especulativa de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con el barrio de Cañada«.
