ALBERTOGASCO
OPINIÓN/21OCT/ ALBERTO GASCO_ El Partido Socialista de Leganés y Unión por Leganés presentaron en la mañana de ayer una solicitud de convocatoria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE).

Los dos partidos pretenden que en dicha convocatoria, el Consejo resuelva crear una Comisión Ejecutiva queasuma las facultades del Presidente y el Gerente de la empresa pública. 

Una argucia legal que provocaría que la oposición asumiera buena parte del control del “ladrillo” público de la ciudad.

Ya saben que desde IU Leganés entienden que el dominio no debe circunscribirse tan sólo a EMSULE, sino que debe ser efectivo y real en todo el Ayuntamiento de Leganés, por lo que instaron a sus compañeros de oposición a plantear una moción de censura. La respuesta ya la conocen: NO.

Resulta curioso que en dos años y medio de legislatura, la oposicion ni tan siquiera haya mencionado a las empresas públicas del Ayuntamiento (EMSULE y LGmedios). De repente, fiscalizar la gestión de la primera es objetivo prioritario de Rafa y Carlos (en ese orden).

El interés demostrado por PSOE y ULEG coincide peligrosamente en el tiempo con lareclamación efectuada por seis empresas constructoras, que tras haber levantado 1.000 viviendas promovidas por la empresa pública, solicitan les sea abonada una cantidad cercana a los 12 millones de euros en concepto de “modificados” y “liquidaciones”.

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Los actuales dirigentes de EMSULE han dejado el asunto en el cajón, amparándose en informes técnicos y facultativos que consideran estas cifras “desorbitadas” 

Les pongo un ejemplo: una de las empresas a la que EMSULE encargó una promoción de 180 viviendas, cuyos honorarios han superado los 12 millones de euros, reclama ahora la friolera de1.306.894 euros en concepto de “liquidación“, según recoge el expediente.

Para justificar el sobreprecio, esta constructora esgrime “el retraso en la firma del contrato, en el inicio de obras y en la concesión de certificaciones” así como la “actualización de precios”.

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Entienden los propietarios de dicha empresa que los retrasos les han ocasionado gastos no previstos por un importe cercano al millón y medio de euros. Y es su intención que EMSULE, cuyo capital social es 100% público, asuma el sobreprecio.

Sucede lo mismo con otras cinco constructoras más. Las peticiones alcanzan los 12 millones.

Los responsables de EMSULE no tragan y han “pasado” del tema¿Que harían PSOE y ULEG si asumieran el control del Consejo? Esa sí que sería una buena encuesta.
 

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