El próximo martes, cuando el Gobierno de PSOE y SUMAR apruebe la nueva senda de gasto, volverá a ponerse sobre la mesa una pregunta que lleva demasiados años sin respuesta: ¿quién defiende realmente a los ayuntamientos? Porque, una vez más, todo apunta a que las entidades locales quedarán relegadas al último puesto en el reparto de márgenes fiscales, pese a ser la administración más cercana al ciudadano y la que sostiene los servicios esenciales del día a día.
Desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los municipios han cumplido con rigor quirúrgico cada regla fiscal impuesta. Han reducido deuda, han pagado a proveedores en tiempo récord y han cerrado ejercicios con superávits sistemáticos. Hoy acumulan alrededor de 50.000 millones de euros en depósitos, mientras afrontan la falta de dotaciones en nuestros barrios, plantillas bajo mínimos y servicios públicos cada vez más debilitados.
La paradoja es evidente: solvencia financiera a cambio de incapacidad operativa.
Pese a esta realidad, me temo que la nueva senda fiscal que se proponga volverá a mostrar la misma lógica de siempre: La Administración Central dispondrá de margen de déficit; La Seguridad Social también; Las comunidades autónomas tendrán un respiro, aunque sea ligero; Y los ayuntamientos, otra vez, equilibrio o déficit cero.
Una exigencia que ignora el papel clave de los municipios y penaliza precisamente a quienes han cumplido con mayor disciplina durante más de una década.
“Un Gobierno que se dice progresista no puede seguir dejando abandonada a la administración más cercana.”
Porque no basta con reconocer la anomalía, como han hecho autoridades económicas como el Banco de España o la AIREF, que estima que las entidades locales cerrarán 2025 con un superávit del 0,3% del PIB, equivalente a unos 4.800 millones de euros.
Tampoco es suficiente admitir que la regla de gasto es un obstáculo para la inversión local. Lo que se necesita es una decisión política clara y valiente para proteger a los y las vecinas: dotar a los ayuntamientos de un margen fiscal que les permita reinvertir sus propios recursos en la mejora de los servicios públicos.
“La ciudadanía no vive en los ministerios ni en las consejerías. Vive en barrios, distritos, pueblos y ciudades.”
Y en esos entornos, la calidad de vida depende del alumbrado, la limpieza, los servicios sociales, la movilidad, la seguridad o el mantenimiento de las zonas verdes. Todo ello se gestiona desde los ayuntamientos, pero se financia con unas reglas que les atan de manos e impiden hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente.
Por eso, cuando el martes se vote la nueva senda de gasto, el Gobierno tiene una oportunidad que ya no debería aplazarse más. Este es el momento de recordar que las entidades locales existen, que cumplen y que merecen un marco fiscal justo.