El exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Ramón Mérida, responsable del hacinamiento de cadáveres descubierto hace unos años en el departamento de la facultad, se librará finalmente de la cárcel.
Mérida ha pactado con la Fiscalía de Madrid una pena de 18 meses de cárcel, frente a los 8 años que se solicitan inicialmente, por lo que evitará la cárcel pese a las condiciones infrahumanas de las instalaciones con motivo del hacinamiento de cadáveres.
Conforme al acuerdo, acepta una condena de tres meses de prisión por un delito contra los trabajadores y otros tres meses por cada cinco delitos de los que se le acusa contra la integridad moral. Además, se le inhabilita para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de director de Departamento durante el tiempo de la condena.
Según el relato del fiscal, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios «en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas», hasta que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos.
Al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres. El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores «a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral».
Y ello porque durante años desatendió «sistemáticamente» las «justas» demandas de los trabajadores «al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución».
Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales «hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción».
Instalaciones insalubres
Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio. Así, el acusado ordenaba a los técnicos los trabajos que debían realizar o les encomendaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos «determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores».
Tales circunstancias eran conocidas por Mérida «así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía». Por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano «que carecía de ventilación adecuada» por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.
Incluso la Fiscalía advierte de que no existía «ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos».