El Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ al ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania, que incluye la prohibición de que las empresas que recurren a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puedan efectuar despidos alegando un aumento de la factura energética.
Esta prohibición, de despedir si la empresa ha recurrido a un ERTE, ya se adoptó en la pandemia. Ahora se añade una nueva prohibición: el despido estará injustificado por causas que tengan que ver con el encarecimiento de la energía.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que las empresas que incumplan estas prohibiciones tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y ha advertido a los empresarios de que, habiendo mecanismos como los ERTE, “no hay que despedir” trabajadores.
“Tenemos todos los mecanismos de protección social, los ERTE ordinarios y el mecanismo RED para que esto no se produzca. No tiene sentido recurrir a un ERTE si luego la vocación de los empleadores es despedir (…) No tiene sentido destinar y darles recursos públicos si luego se les permite despedir”, ha enfatizado.
La ministra ha avanzado además que el Consejo de Ministros ha aprobado medidas destinadas a la empleabilidad de jóvenes y mujeres por más de 2.700 millones de euros, que “se sustanciarán” con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del próximo 6 de abril.
Combustibles
El Consejo de Ministros ha validado también la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y el establecimiento de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses, en el marco del llamado ‘Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania’, que estará dotado con 16.000 millones de euros.
Este plan incluye una bonificación mínima hasta el próximo 30 de junio de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, dependiendo del tipo de carburante, de la que el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de una ayuda especial para el consumo de combustibles, al mismo tiempo que ha precisado que las petroleras podrán evitar el copago de esos 5 céntimos si justifican que ya aplican ofertas especiales por debajo del mercado.
Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, además del mismo descuento al combustible hasta el 30 de junio, incluyendo gasóleo, gasolina, gas y adBlue, se ha aprobado la distribución de ayudas directas. En su conjunto, el paquete a los transportistas profesionales asciende a 1.000 millones de euros.
Ayudas a transportistas
Las ayudas directas, que sumarán 450 millones de euros, se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias.
Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 10 años y la del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia.
Otras de las medidas recogidas en el acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y que este martes ha contado con la aprobación del Consejo de Ministros, son la ampliación del presupuesto de las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que pasa de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, o la devolución mensual, y no trimestral como hasta ahora, del gasóleo profesional.
