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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este viernes que el plan de ahorro energético que ha aprobado el Gobierno, que incluye el apagado de edificios públicos y escaparates, vaya a provocar un aumento de la inseguridad en las calles y ha insistido en que se trata de medidas necesarias que son fruto de un acuerdo con la Comisión Europea.

«Es un debate que en el aspecto de la seguridad no tiene sentido alguno», ha dicho Marlaska en una entrevista en TVE. A su juicio, «a quien corresponde garantizar una iluminación adecuada, unas condiciones de seguridad, es a las instituciones públicas y no a las entidades privadas, a los comercios».

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En todo caso, y ante la discrepancia de algunas comunidades autónomas para adoptar este primer paquete de medidas, el ministro ha lamentado que se obvie la realidad y la situación energética. «Me parece que estamos demasiado enfocado en ‘a todo el no'», ha asegurado.

En todo caso, y ante la discrepancia de algunas comunidades autónomas para adoptar este primer paquete de medidas, el ministro ha lamentado que se obvie la realidad y la situación energética. «Me parece que estamos demasiado enfocado en ‘a todo el no'», ha asegurado.

La Gran Vía de Madrid, con fachadas y comercios iluminados (Foto: Ep)

«Norma necesaria», según el ministro

«Es una norma necesaria de dictado automático y es una norma razonable», ha insistido, a la par que ha asegurado que no se va a ver afectado «en modo alguno» el bienestar de la sociedad ni tampoco los procesos productivos necesarios para el desarrollo económico.

Tras conocer el plan de ahorro energético aprobado en consejo de Ministros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras dirigentes autonómicas en mostrar su oposición a las medidas del Gobierno central incluidas en el plan.

En este punto, Ayuso confirmó que su gobierno no apagará la luz de los edificios públicos ni de los escaparates del comercio exterior para ahorrar porque, a su juicio, esto generará «inseguridad» y espantará «el turismo y el consumo».

Así se expresó ante un plan de ahorro energético que obligará a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, una medida para la que tendrán siete días para su cumplimiento.

Posteriormente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que estudiará el decreto y que, si vulnera derechos, acudirá al Tribunal Constitucional. En este sentido, el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, destacó ayer que, en una primera revisión, han encontrado fallos «garrafales» en el decreto del Gobierno desde el punto de vista jurídico.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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