El Gobierno ha dado su visto bueno a que los establecimientos comerciales puedan limitar las compras de sus clientes «cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor» para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.
Así, lo recoge el ‘Plan de Respuesta’ al impacto económico de la guerra en Ucrania publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con una modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
«Excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista en el apartado 2 de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador», señala ahora el nuevo apartado en dicha norma.
El Ejecutivo precisa que estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas.
Llamada a la «responsabilidad»
«Lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad. A veces se producen alarmas guiados por el nerviosismo. Eso es lo que contempla el plan y creo que lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad, que entre todos nos corresponde transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía», ha afirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados.
La titular de Transportes ha afirmado que «a veces se producen ciertas alertas y alarmas que generan comportamientos quizás guiados más por el nerviosismo», y ha añadido que se trata de medidas que tienen que servir para transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tejido productivo y a empresas.
«Todos debemos ser responsables en ese sentido. Las comercializadoras y supermercados también. Eso es lo más importante en un contexto complicado», ha resaltado.
Medida consensuada
En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde ha afirmado que el Gobierno ha estado trabajando el plan de respuesta con todos los sectores económicos, en particular con el sector de la distribución, con quien ha consensuado esta medida, que «como bien dice el artículo lo que permite es dar seguridad jurídica para que ellos puedan limitar el número de artículos y con ello evitar el acaparamiento pero, sobre todo, que haya acceso equitativo para todos los consumidores».
«Es una medida que da seguridad jurídica. Está muy acotada para que lo hagan con carácter excepcional y justificado, pero respondemos a una necesidad que el sector de la distribución nos trasladó y que se ha puesto de manifiesto como consecuencia de los paros patronales de transporte», ha resaltado.
Protección al consumidor
Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otros, han indicado que «el objetivo exclusivo de este Real Decreto-Ley es la protección del consumidor».
Según han explicado, en él se recoge el sentido de una nota informativa que ya emitieron las direcciones generales de Consumo y la de Política Comercial a mediados de marzo, cuando hubo problemas con el aceite de girasol.
En concreto, han precisado, que la Ley de Comercio Minorista establece una obligación de venta que «no es absoluta», pudiéndose llevar a cabo limitaciones de ventas cuando se den razones «objetivas y justificadas», según la interpretación de estas dos direcciones generales. Por ejemplo, puede haber limitaciones puntuales en el número de botellas de aceite de girasol que compra un consumidor para que un mayor número posible de consumidores pueda comprar.
