El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley del aborto, un texto que no incluirá finalmente la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la ‘tasa rosa’.
La ley sí recogerá la baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo, tras haberse llegado a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si podrán beneficiarse de la baja por menstruación dolorosa las mujeres con dolor que no esté vinculado a una patología diagnosticada, como la endometriosis o útero poliquístico.
La titular de Igualdad sí ha detallado que esta baja por dolor menstrual incapacitante se habilitará a través de una incapacidad temporal especial, y que no requerirá un periodo mínimo de cotización. Además, será asumida por el Estado desde el primer momento, y «no tendrá un límite de días».
Interrupción del embarazo con 16 años
El proyecto de ley aprobado este martes, impulsado por el Ministerio de Igualdad, busca garantizar el aborto en la Sanidad Pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.
La ley garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia, para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
Sobre este aspecto, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido que el anteproyecto de ley del aborto debe ser compatible con el derecho a objeción de conciencia de los médicos.
«Habrá que ver exactamente en qué términos queda, pero sí que hay algo que vemos con cierta preocupación como es la exigencia de que los abortos se tengan que realizar en los hospitales públicos», ha indicado.
En este sentido, ha subrayado que entiende «que siempre se tendrán que hacer en hospitales públicos o en la sanidad privada cuando la objeción de conciencia vaya a cumplir». «Creo que ese es uno de los planteamientos que de base se hacen de manera errónea porque yo creo que se debe cumplir», ha apostillado.
«Es un nuevo avance para la democracia del país», ha destacado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha celebrado que esta norma permitirá «continuar ampliando derechos».
La normativa no perseguirá, por otro lado, a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, aunque sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer. El texto también recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad. Además, fija que la píldora del día después sea gratuita y se dispense en espacios públicos.
