El PP ha trasladado al PSOE que no veta que personas que han desempeñado un puesto en una institución o administración pública puedan ser designados para el Defensor del Pueblo, un puesto para el que estarían dispuestos a aceptar al excandidato socialista Ángel Gabilondo, que ya sonó hace años para el cargo.
Sin embargo, en el marco de las negociaciones para renovar los órganos constitucionales, los ‘populares’ sí que rechazan que haya cargos políticos en órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.
Una semana después de que anunciaran públicamente su pacto para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, las negociaciones entre PP y PSOE han proseguido esta semana con reuniones presenciales en el Congreso y contactos telefónicos.
Ambas partes mantienen con hermetismo los nombres que están encima de la mesa para esas instituciones, si bien reconocen que hay sintonía, que la interlocución es fluida y que la negociación está «encauzada». De hecho, no se descarta que el acuerdo sea inminente y pueda anunciarse públicamente en breve, según las fuentes consultadas.
Si el nombre de Ángel Gabilondo, que fue candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ya estaba encima de la mesa como Defensor del Pueblo en febrero –cuando se truncaron las negociaciones entre PP y PSOE por las diferencias con el CGPJ– ahora vuelve a cobrar fuerza, si bien fuentes socialistas han señalado que «son varios los nombres que se barajan».
Preguntado expresamente el líder del PP, Pablo Casado, si su partido estaría dispuesto a aceptar al exministro Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, Casado no ha querido pronunciarse sobre este nombre concreto y se ha limitado a asegurar que «la negociación sigue su curso» y no hará «ninguna valoración hasta que acabe».
Sin embargo, el presidente del PP ha recalcado que órganos jurisdiccionales como el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional «no debería tener ningún político en ejercicio» ni «ningún expolítico tampoco».
Fuentes del PP han insistido en que el partido reclama perfiles «técnicos y profesionales» para el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, una exigencia que no es una condición sine qua non para el Defensor del Pueblo.