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La futura Ley de Atención al Cliente obligará a las empresas que prestan servicios básicos de interés general, como agua, energía, transporte, servicios de telefonía o financieros, a prestar a sus clientes una atención telefónica personalizada, no sólo a través del contestadores automáticos, cuando estos hagan alguna reclamación.

Según ha avanzado el diario El Mundo, el anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente aprobado este martes en Consejo de Ministros obligará a ello a las empresas de más de 250 trabajadores, con un negocio anual de más de 50 millones de euros o un balance de negocios superior a 43 millones.

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«La inmensa mayoría de los españoles nos hemos visto en un momento u otro tratando de defendernos ante alguna prestación de los servicios que contratamos a través de un contestador automático, ante la desesperación de no ser atendidos en tiempo razonable y de no poder ser atendidos por una persona física», ha señalado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa.

La telefonía copa el grueso de las reclamaciones de los pinteños.

Una persona física

De esta manera, la nueva ley profundizará «en esa atención que tiene que recibir el cliente de manera personalizada de tal forma que incluso se tiene derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot a través de los contestadores automáticos», ha insistido Rodríguez.

Así, en el caso de insatisfacción con la atención recibida, el usuario podrá solicitar que se transfiera la comunicación con una persona física supervisora, que deberá atenderle en el transcurso de esa misma llamada.

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Por otra parte, la ley también establecerá límites a los tiempos de espera telefónica y prohibirá la derivación desde un teléfono gratuito a números que impliquen un coste adicional.

Por último, las empresas tendrán un plazo de un mes para contestar a las reclamaciones realizadas por los clientes y no podrán aprovechar ese tiempo para realizar ofertas o promociones, salvo que estén relacionadas con la queja.

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