La asociación Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de Madrid que abra una investigación sobre la empresa de telemarketing que obligó a sus empleados a continuar trabajando junto al cadáver de una compañera fallecida repentinamente en su puesto de trabajo.
Tal y como asegura el Sector Federal de Telemarketing de la CGT, Inmaculada falleció inesperadamente mientras trabajaba el pasado 13 de junio en la sede que tiene la compañía Konecta BTO en San Blas-Canillejas. Sus compañeros fueron obligados, denuncian CGT, UGT y USO, a seguir respondiendo llamadas mientras el cadáver de su compañera permanecía en las instalaciones de la compañía.
La asociación presidida por Carmen Flores ha comunicado a la fiscal superior de Madrid, María Pilar Rodríguez, los hechos sucedidos en las instalaciones de Grupo Konecta BTO ubicadas en la calle San Romualdo.
Tal y como denuncian CGT y UGT, el pasado día 13 la empleada, de nombre Inmaculada, falleció mientras desempeñaba sus funciones en el puesto de trabajo. La empresa, según recriminan los sindicatos, obligó al resto de empleados a seguir atendido llamadas al tratarse de un servicio esencial «como si de robots en lugar de personas se tratara».
«Inma no estaba sola, la plataforma bullía como cualquier otro día y poco a poco todos y todas se sumieron en el desconcierto. Al conocer la noticia por confusos WhatsApp no dábamos crédito «Está tirada en el suelo y nosotros cogiendo llamadas» «¿Estáis cogiendo llamadas?» «Sí, nos dicen que sigamos cogiendo llamadas«, han explicado.
En este sentido, las organizaciones sindicales han censurado que, en lugar de enviar al personal a trabajar a su casa, se les obligó a trabajar «más de dos horas con la compañera de cuerpo presente». Tras el suceso, además de trasladar su pésame, los sindicatos han exigido a la empresa «un protocolo de actuación en caso de fallecimiento en puesto de trabajo», algo que no estaba contemplado hasta el momento.
Desde la asociación el Defensor del Paciente han recalcado que se trata de unos hechos «gravísimos» y «un delito impronunciable». En este sentido, han puesto en valor el «daño psicológico difícil de olvidar» por «la mala actuación de quienes podían evitarlo» para reclamar una investigación de oficio.
