La Fiscalía de Madrid ha pedido ocho años de cárcel para el ex director del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Ramón Mérida Velasco. El acusado se enfrenta a esta petición de pena ante las condiciones infrahumanas presentes en las instalaciones que dirigía por el descontrolado hacinamiento de cadáveres.
Según el relato del fiscal, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios «en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas». El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores «a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral».
Entre los detalles que refleja el escrito están el de la falta de ventilación en un espacio que carecía de las condiciones de higiene más elementales «hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción».
Los trabajadores no disponían de duchas, aseos o vestuarios adecuados y los cadáveres accedían a las instalaciones sin referencia a su origen o posibles enfermedades infecto-contagiosas, lo que ponía en riesgo a los trabajadores. La falta de control en el espacio universitario «determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores».
A esto se unió, asegura Fiscalía, desbordamiento del entorno laboral y falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban los empleados. Esta situación sumió a los trabajadores en «un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos«.
A raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos los trabajos, al depurarse las responsabilidades por parte del rectorado de la Universidad, se extrajeron del sótano 534 cadáveres.
21 años de cárcel pide la acusación particular
El juicio se celebrará el próximo viernes en los juzgados de lo Penal de la capital. De cara a dicha sesión, el fiscal solicita tres años de prisión por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. La acusación particular en nombre de los afectados eleva su petición a 21 años de cárcel y 264.000 euros de indemnización.
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama 66.619 euros (técnico 1), 46.401 euros (técnico 2), 77.103 euros (técnico 3), 22.303 euros (técnico 4) y 21.832 euros (técnico 5) y 10.000 euros para (1, 2, 4 y 5) por los daños causados y 3.000 para (3).
