El Consistorio madrileño ha anunciado que activará cuatro oficinas centradas en la tramitación de prestaciones económicas. Se trata de una acción que tiene como objetivo aliviar la carga de los Servicios Sociales en la capital madrileña, tal y como ha informado la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, Consuelo Alfaro Moreno, en la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Ha sido la concejala socialista Ana Lima quien ha elevado a la comisión «el déficit de trabajadores y trabajadoras sociales del área para la adecuada atención a la ciudadanía de la ciudad, agravado por los resultados de la última oposición y por los ajustes del personal interino».4
Ante esta cuestión, la directora general ha contestado que todas las administraciones sufren este tipo de «dificultades» de personal, afectado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, «que impone limitaciones con una tasa de reposición que ha ido decreciendo e imposibilitando la incorporación de nuevo personal».
En Madrid, ha avanzado Alfaro, se pondrán en marcha «cuatro oficinas de prestaciones económicas para aliviar los centros de Servicios Sociales». En este momento, por ejemplo, estos centros son los que están recopilando facturas para las Tarjetas Familia, un trabajo que pasará a hacerse desde estas oficinas con el fin de dar cumplimiento a la reivindicación de los profesionales de los Servicios Sociales, que demandan «más tiempo para la intervención social y reducir la carga administrativa».
La socialista Ana Lima ha replicado que la falta de trabajadores sociales es «un problema endémico en este Ayuntamiento» y se ve agravado por un aumento de la demanda y un crecimiento de las prestaciones. Sin obviar la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la edil ha defendido que el Ayuntamiento «puede marcar prioridades».
«La contratación de estos profesionales es prioritario por el agotamiento que sufren y la presión asistencial que tienen», lo que explica para la socialista la fuga «a otras áreas». También ha señalado las 45 plazas desiertas en las últimas oposiciones por la «lentitud del proceso» y que el programa de empleo temporal para la gestión de ayudas finalizó el 30 de junio, de modo que «desde entonces y hasta diciembre la plantilla se verá reducida en 118 trabajadores».
La directora general ha contestado que de julio a septiembre los distritos han contado con 32 auxiliares administrativos, 40 diplomados en Trabajo Social y 60 trabajadores entre personal técnico y administrativo para la gestión de las oficinas.
