El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido la Comisión para la Reforma del Régimen de Capitalidad de Madrid con un objetivo: la reforma de la Ley de Capitalidad.
Esta acción se ha tomado, tal y como recoge el decreto firmado por el regidor madrileño, ante las «carencias» que presenta la normativa tras más de quince años de vida, cuando se aprobó «en el marco de un proceso de concertación entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Madrid, presidido por la lealtad institucional y la colaboración interadministrativa».
Si bien la aprobación de la Ley de Capitalidad «debe considerarse un hito para la ciudad, su contenido adolece en la actualidad de varias carencias«, señala el texto, donde se explica que esta «carencias» se deben «tanto a la falta de adaptación a la legislación estatal aprobada desde entonces, como a la no inclusión en el texto de determinadas regulaciones de importancia, como las relativas al régimen financiero».

Por otra parte, «la propia evolución en la estructura económica y social de la ciudad de Madrid, como capital del Estado y gran ciudad metropolitana requiere dotar al Ejecutivo municipal de las competencias y de las herramientas necesarias para afrontar la gestión de un entorno urbano cada vez más cambiante e innovador».
La reforma busca, así, un nuevo marco de autonomía fiscal y abordar competencias en materia de movilidad (como la construcción de carriles Bus VAO) o seguridad (para cubrir plazas vacantes en la Policía Municipal, si existe margen presupuestario), además de regular el próximo distrito 22 o que las ordenanzas puedan desarrollarse por normas regladas mediante decretos de Alcaldía o de la Junta de Gobierno.

La comisión pone en marcha un «proceso de análisis que permitirá realizar las correspondientes propuestas de modificación y modernización del régimen de capitalidad, que serán trasladadas a la Junta de Gobierno para su valoración».
Expertos y personal del Consistorio conforman la comisión
Bajo la presidencia de la Alcaldía, la comisión se integra por personal del Ayuntamiento de Madrid, expertos del ámbito universitario y juristas de reconocido prestigio en materia de régimen local. La selección de expertos y de los participantes en los grupos de trabajo se realizará con la colaboración del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el marco del convenio que se mantiene desde su participación en el proceso de elaboración de la Ley de Capitalidad.
En el Pleno celebrado la pasada semana, Almeida anunció que está previsto que los trabajos finalicen en el primer semestre de 2024. Entonces derivarán en un texto que será sometido a las administraciones para aprobarse en las Cortes Generales.
