El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha iniciado el proceso para declarar como Lugar de Memoria Democrática el monumento en homenaje a los abogados asesinados en Atocha en enero de 1977. El Gobierno central ha tomado esta decisión por la gran relevancia histórica que tiene esta escultura, ubicada en la plaza de Antón Martín de Madrid.
El monumento fue colocado en 2002 por iniciativa de Comisiones Obreras para recordar el atentado terrorista que tuvo lugar hace 48 años. En dicho ataque, tres abogados laboralistas —Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo—, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el empleado del despacho Ángel Rodríguez Leal, fueron asesinados por un grupo de extrema derecha.
Según el Gobierno, este ataque representó «un intento de acabar con la Transición, siendo el propio despacho de los abogados de Atocha un símbolo especial en la lucha antifranquista y en defensa de las libertades democráticas». Además, el Ejecutivo subraya que «las acciones de este despacho, y de muchos otros de similares características, contribuyeron a proporcionar apoyo a muchos ciudadanos en los últimos años del franquismo».
«Los demócratas tenemos que defender la democracia y el Gobierno de España se coloca al frente de la lucha por la memoria democrática. El olvido es incompatible», defiende el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien también explica que homenajearán «a los olvidados» y a todas las personas que lucharon por conseguir la democracia en España.
Los abogados laboralistas del bufete de Atocha, afiliados a Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España (PCE), ofrecían asesoramiento a los trabajadores, gestionaban trámites ante la administración y participaban en procesos judiciales. Su labor se centraba en áreas como el derecho laboral, la seguridad social, el derecho penal y civil, y su trabajo fue clave en la lucha por la recuperación de las libertades en España, en un contexto en el que los derechos laborales estaban gravemente restringidos.
El multitudinario entierro de los fallecidos reunió a más de cien mil personas, convirtiéndose en una de las primeras grandes manifestaciones tras la muerte de Franco. El asesinato provocó huelgas y múltiples muestras de solidaridad en todo el país.
