“No entendemos que se prohíba ayudar”, resume con indignación uno de los voluntarios de Granito a Granito, la pequeña ONG que, junto con Bokatas, ha sido vetada por el Ayuntamiento de Madrid para seguir repartiendo alimentos a personas sin hogar en plena calle. El lugar donde lo hacían, la céntrica Plaza de Ópera, ya no es una opción. Una notificación del Distrito Centro les ha obligado a cesar su actividad después de años de trabajo altruista.
La medida ha caído como un jarro de agua fría entre quienes venían acudiendo cada lunes y jueves a recoger un bocadillo, algo de fruta o un zumo. “Ahora nos piden que lo hagamos en un local, como si alquilar un espacio en el centro de Madrid fuera sencillo. Nos están empujando a desaparecer”, denuncian.
El Ayuntamiento dice que es por “salud y orden público”
Desde el Consistorio, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, justifican su decisión: “No se puede mantener el reparto de comida en la vía pública sin control. Supone un riesgo para la salud y para el orden público”, aseguran fuentes municipales, que aluden también a la falta de trazabilidad de los alimentos, la ocupación no autorizada de la vía pública y la posibilidad de aglomeraciones.
El alcalde ha asegurado públicamente que Bokatas “hace una extraordinaria labor”, pero insiste en que necesitan un local desde el que repartir y filiar a las personas sin hogar que acuden, para derivarlas a servicios municipales. Un planteamiento que, para las ONG, es una forma encubierta de desalentar la ayuda directa: “Nos reunieron para advertirnos incluso con multas muy elevadas y llegaron a mencionar la Ley Antiterrorista”.
ONG solidarias frente a una ciudad cada vez más hostil
Bokatas, con presencia en varias ciudades y con más de dos décadas de experiencia en Madrid, lamenta este giro en la política municipal. En paralelo, Granito a Granito, más modesta pero igual de comprometida, recuerda cómo la pandemia cambió su radio de acción y los llevó a concentrarse en el centro de la capital. Primero en la Plaza Mayor —de donde ya fueron expulsados— y luego en Ópera.
A medida que aumentaba la pobreza, crecía también la necesidad. “Al principio venían treinta personas, pero ahora llegaban hasta ochenta. ¿Qué ocurre? Que con la gentrificación de Madrid no interesa que se vea miseria en pleno centro”, denuncia uno de sus miembros.
Desde Granito a Granito niegan que incumplieran normas sanitarias: “Los bocadillos nos los hacía un bar con el que colaboramos y llegaban en taxi. Podemos presentar tickets y muchos tenemos el carné de manipulación de alimentos”. Sobre el argumento del “señalamiento” de personas sin hogar, solo muestran perplejidad: “¿Qué es más digno? ¿Recibir un bocadillo en la calle de manos de un voluntario o dormir sin comer bajo un puente?”
¿Repartir comida en la calle está prohibido para todos?
Un hecho que agrava la polémica es que este veto no parece aplicarse por igual. Según denuncian desde ambas organizaciones, otros repartos solidarios como el que lleva a cabo la Hermandad del Refugio —presidida por el marido de Esperanza Aguirre— en la Corredera de San Pablo, “no han recibido el mismo trato por parte del Ayuntamiento”.
Mientras tanto, las personas sin hogar y quienes las ayudan ven cómo una ciudad que se vende como moderna y solidaria da la espalda a su miseria más real. “No repartimos caridad, repartimos dignidad. Y ahora quieren quitárnosla”, concluyen los voluntarios de Granito a Granito.
