Una plataforma convoca a las 600 familias afectadas por la liquidación de Emgiasa para trazar una “hoja de ruta”
Estudiarán movilizaciones y planificarán acciones en la asamblea informativa del sábado
ALCORCÓN / La Plataforma de Perjudicados de Emgiasa Alcorcón ha convocado una asamblea informativa a la que ha llamado a las 600 familias afectadas por la liquidación de la empresa pública de la vivienda para “trazar una hoja de ruta, planificar distintas acciones y programar movilizaciones para reivindicar que se puedan mantener las viviendas en las mismas condiciones que hasta el momento”.
La Plataforma celebrará esta asamblea este sábado, 26 de julio, en la casa del Pueblo ‘Ramón Rubial’, ubicada en la calle Zarza, 14 (entrada por calle Jabonería).
Este colectivo comenzó su andadura con un centenar de familias que corren el riesgo de ser desahuciadas, debido a que con la posible desaparición de Emgiasa no tendrían capacidad para solicitar hipotecas a los bancos. Ante ello, los afectados abonan el dinero directamente a la empresa pública, que suscribió los créditos.
No obstante, la Plataforma cree ahora que hay que aglutinar a todos los afectados (unos 600) en la misma lucha.
“Si bien esta plataforma fue impulsada inicialmente por los ciudadanos que adquirieron su vivienda a través de la llamada ‘condición resolutoria’ ante el peligro de que perdieran sus viviendas y ante la falta de información por parte del Gobierno municipal, este proceso promovido por el PP afecta a cerca de 600 familias de Alcorcón ya que también están perjudicadas aquellas que habitan en una vivienda incluida en el ‘Plan Permuta’ y aquéllas que aún no cuentan con escritura de propiedad sobre una vivienda que ya han empezado a pagar”, ha señalado un portavoz, Juan Carlos Castaño.
Actualmente, unas cien familias viven desde hace años en una vivienda adaptada y otros cien jóvenes viven en la zona centro con alquileres muy asequibles a bajo precio. A estos afectados, que no cuentan con escrituras de propiedad de sus viviendas porque se trató de una permuta, se unen los más de 300 ciudadanos adjudicatarios a quienes aún no les han adjudicado la vivienda sobre la que ya han afrontado varios pagos.
Para Castaño, “hay que recordar que esta situación se solucionaría si el Ayuntamiento acatara la sentencia y afrontara el pago de los 30 millones de euros que le corresponde: de este modo se reduciría la deuda que se ha generado por esta situación y se retomaría la actividad normalizada de la empresa” si bien “el alcalde no sólo ha demostrado que no tiene intención de ayudarnos sino que o no sabe o miente o manipula”.
Corresponsal / David García