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Facua-Consumidores en Acción ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de «pasividad» ante las subidas del alquiler y pide una ley que proteja a los inquilinos de la especulación del suelo «y que se reajusten los contratos a precios justos y condiciones estables».

La asociación de consumidores se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda para pedirle que intervenga en la «desproporcionada subida» en el precio del alquiler de las viviendas gestionadas por fondos buitres como Blackstone, a través de sus socimis Fidere y Testa.

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«No es solo un problema de los inmuebles gestionados por estas empresas, sino que se trata de algo endémico que ocurre en toda la Comunidad ante la pasividad del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a la hora de aplicar leyes que protejan a los usuarios y ayudas destinadas a las personas con menos recursos», consideran.

Por ello, Facua Madrid se ha dirigido por escrito en varias ocasiones a la Consejería de Vivienda con el fin de que trabaje en una normativa que proteja a los inquilinos «de la especulación del suelo que hacen muchas empresas». Piden además que se reajusten las condiciones del alquiler a precios y plazos justos y adecuados, y se ofrezcan contratos con condiciones «estables y dignas».

En esta ocasión, la asociación también se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitarle que intervenga y les proteja ante dichas prácticas abusivas.

Facua también ha mostrado su apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que lleva tiempo denunciando la situación en la que se encuentran muchos usuarios «al ver cómo el precio de su alquiler ha subido casi un 60 por ciento».

Según sus últimos datos, los vecinos de Torrejón de Ardoz, Alcorcón y del madrileño distrito de Vallecas han visto cómo para renovar su contrato con dichos fondos «les piden pasar de pagar unos 740 a 1.176 euros al mes».

A su vez, desde el sindicato también denuncian que ofrecen condiciones diferentes a los inquilinos en el marco de las negociaciones individuales, otorgándoles distintos porcentajes de subida, «así como distintos plazos de prórroga y a algunos mayores beneficios que otros, con el fin de evitar una negociación colectiva».

«El problema no es de demanda, sino de oferta»

En respuesta a estas demandas, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda han explicado que el problema actual de la vivienda no es de demanda sino de oferta. Por eso trabajan en políticas de fomento del alquiler ligadas al incremento de la oferta, «lo que necesariamente lleva a una reducción de los precios«.

Por otro lado, la Consejería señala que avanza en medidas que aumenten la seguridad jurídica de los propietarios de los inmuebles. Lo hace mediante seguros de impago de rentas –como se ofrece en el Plan Alquila y que alcanza hasta dos años en el caso de jóvenes menores de 35 años–, y ofreciendo la seguridad de recuperar la vivienda mediante el Consejo Arbitral del Alquiler. Además, actúa mediante políticas antiokupación, recalcan.

«Este modelo basado en la movilización de la oferta, la seguridad y los incentivos está intensificando la política de deducciones fiscales para jóvenes y familias, simplificando los trámites administrativos y estableciendo nuevos planes para fomentar tanto la compra como el alquiler de viviendas. Y está funcionando, porque la única región de España que experimentó un descenso en los alquileres en 2021 fue precisamente la Comunidad de Madrid», indican desde el departamento que dirige Paloma Martín.

El Gobierno regional ya ha licitado el 40% de las 191 parcelas del Plan de venta de suelo público. Y, en el año que queda de legislatura, mediante la construcción de las viviendas del Plan VIVE (5402 viviendas) y el incremento de inmuebles de la Agencia de Vivienda Social (más de 1000 viviendas) se conseguirá incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler en suelos de la Comunidad de Madrid en un 25% respecto a la actual, que es de unas 25.000 viviendas. «Esto contribuirá de manera fundamental, junto con la oferta privada, a la reducción de los precios», explican.

La Consejería ha destacado que también se ha intensificado la política de deducciones fiscales para los jóvenes que quieren alquilarse o comprar una vivienda. «Promovemos el alquiler desde un papel intermediador, poniendo en contacto al posible inquilino con el futuro arrendador, además de reforzar la seguridad de cobro de los propietarios al ampliar a dos años el seguro de impago de las rentas. Y como Madrid es la región que más vivienda protegida genera, se va a seguir ampliando el parque de vivienda social con 1.741 viviendas adicionales», añaden.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital y colaboradora en medios...

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