Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz a una mujer que realizaba empadronamientos falsos para agilizar los trámites de extranjería a inmigrantes, a los que cobraba entre 200 y 300 euros por estas falsificaciones.

A la presunta autora, trabajadora de una gestoría, se le imputa un delito de falsedad documental además de incurrir en una falta muy grave a la Ley Orgánica de Extranjería, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota.

La investigación comenzó el día 4 de noviembre del pasado año, cuando una solicitante de protección internacional hizo entrega a miembros de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrejón de Ardoz de un documento de inscripción del Padrón Municipal de Madrid.

Tras escanear el código del documento, los agentes comprobaron que los datos de filiación que constaban en él no pertenecían a la solicitante, sino a la presunta intermediaria.

Al verse sorprendida, la solicitante manifestó que realmente se encontraba empadronada en otra ciudad y que había pagado 250 euros por el documento a la trabajadora de una gestoría de Madrid.

Días más tarde los agentes tomaron declaración a varias personas más que se encontraban en la misma situación, comunicando todos ellos que habían abonado entre 200 y 300 euros a la misma mujer por este trámite.

Agente de la Policía Nacional (Foto: EP)

Usaba su propio domicilio

Las gestiones de investigación permitieron averiguar que la presunta autora aprovechaba su trabajo en un despacho de abogados de Madrid para realizar empadronamientos falsificados.

También empadronaba fraudulentamente en un piso de Madrid a extranjeros residentes en otras comunidades autónomas, todo ello con la intención de agilizar los trámites de solicitud de protección internacional. En ocasiones, la trabajadora empadronaba a los extranjeros en su propio domicilio.

Por tales hechos, se procedió a la detención de esta mujer como presunta responsable de un delito de falsedad documental. Además se le propuso para sanción por una falta muy grave a la Ley Orgánica de Extranjería.

Los investigadores tratan ahora de comprobar si estos hechos se han cometido también en las solicitudes realizadas en otras Comunidades Autónomas.

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