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La lista de espera para la valoración de dependientes de grado 1 supera las 500 personas tanto en Getafe como en Leganés

REGIONAL/ 24 FEBRERO 2017/ El concejal de Bienestar Social de Getafe, Álvaro Gómez, y la concejala de Servicios Sociales de Leganés, Virginia Jiménez, han alcanzado el compromiso de la Comunidad de Madrid para reducir las listas de valoración de personas dependientes de forma urgente en ambos municipios.

Según ha informado este viernes el Gobierno municipal de Getafe, esta es una solución transitoria mientras se continúa exigiendo una respuesta global y más recursos por al gobierno regional.

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Este acuerdo se ha alcanzado en una reunión con el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, después de que los dos ediles de Getafe y Leganés mantuvieran varios encuentros previos para coordinar esta petición y poder así prestar el servicio adecuado a los vecinos de sus municipios.

Más de 500 personas

La lista de espera para la valoración de dependientes de grado 1 supera las 500 personas tanto en Getafe como en Leganés, debido a una encomienda de gestión por parte de la Comunidad de Madrid a estos ayuntamientos, pero “los recursos destinados son tan insuficientes que impiden a los consistorios poder afrontarlo con garantías y agilidad”.

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En las próximas semanas, el director general de Servicios Sociales, Pablo Gómez, visitará personalmente los dos municipios para definir el personal y recursos necesarios para afrontar la reducción de las listas de espera.

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Desde los gobiernos municipales de Getafe y Leganés continúan reclamando a la Comunidad de Madrid “una solución global y justa a esta problemática, puesto que a día de hoy los ayuntamientos tienen que hacer frente a una competencia que resulta inasumible y afecta directamente a un sector de la sociedad especialmente vulnerable”.

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Álvaro Gómez y Virginia Jiménez también han criticado el tiempo de espera que afrontan estas personas una vez valoradas como dependientes hasta que la Comunidad de Madrid les asigna el recurso correspondiente, ya que son los servicios sociales de los ayuntamientos “quienes continúan asumiendo esta función, impidiendo así poder atender a otras personas con necesidades”.

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