Por presuntas irregularidades en pagos a Fundescam y adjudicaciones de servicios al empresario Arturo Fernández
REGIONAL / 16 MAYO 2017 / La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado en un informe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, entre otros, por presuntas irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica.
Uno de los informes de la UCO incorporados al sumario mantiene que “determinados empresarios y organismos empresariales ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”.
En este sentido, se han detectado “sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes”.
De esta manera, UCO pide investigar a Cristina Cifuentes por los delitos de prevaricación y cohecho por las adjudicaciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011, cuando era presidenta de las mesas de contratación de las licitaciones de los contratos públicos en la Asamblea de Madrid.
Los informes apuntan a supuestas “valoraciones arbitrarias” en estas adjudicaciones.
Dimite un viceconsejero por su imputación en Púnica
En este contexto, el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado hoy su dimisión tras resultar investigado en el marco de la trama Púnica, por su etapa en Arpegio, donde fue consejero delegado.
Ruiz ha recibido hoy un auto formal de investigación dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde “no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre”.
La presidenta del Gobierno regional ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado siete registros, en el marco de la trama Púnica y en concreto de la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio 2.
