Se investiga si se ordenó a los hospitales madrileños que no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19
REGIONAL / 31 MAYO 2020 / La Fiscalía de Madrid ha emitido una serie de oficios a varios hospitales para conocer el criterio seguido a la hora de elegir a los pacientes que ingresaban en camas con respirador de las UCI.
Tal y como ha adelantado la Cadena Ser y explican a Europa Press fuentes conocedoras del caso, el Ministerio Público ha requerido información en varios centros en el marco de unas diligencias previas abiertas.
En esos oficios se pide, por ejemplo, si hay criterios de edad para el acceso a la UCI o cómo se desplegaba el uso de los respiradores. Lo hace tras remitirle la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre si presuntamente se ordenó a los hospitales madrileños que no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19.
Desde la asociación El Defensor del Paciente han indicado que esperan que se haga justicia en caso de que se demuestre que “ancianos indefensos” fueron rechazados en hospitales a pesar de tener síntomas de Covid-19, algo que no sería propio de un “Estado de Derecho”.
La asociación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por este asunto.
Denuncia del Defensor del Paciente
La denuncia contra Díaz Ayuso se fundamenta en la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños rechazaran el ingreso de ancianos procedentes de residencias durante la crisis del coronavirus.
Entre otros datos, la denuncia recoge las afirmaciones de Ayuso en una entrevista publicada en ‘El Mundo’ en la que reconocía, según la denunciante, que, de forma deliberada, “ordenó no aceptar en los hospitales a los ancianos, fundamentalmente procedentes de las residencias”, quienes, presuntamente, “murieron abandonados y desamparados”.
La presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, tachaba entonces de “inhumanas” las manifestaciones de Ayuso y sostenía que la presidenta regional infringió con ello “toda la normativa en materia de Sanidad y Derechos Humanos”.
La investigación solicitada por el Defensor del Paciente también quiere determinar cuántas personas han podido fallecer sin recibir la asistencia adecuada debido a esta decisión, al considerar que “la petición de investigación e intervención está más que justificada; más todavía si considera que el presidente de la patronal de las residencias ha manifestado, también públicamente, que no llegaban los medicamentos, a excepción de la morfina”.
“No nos consta que haya criterios de exclusión”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió a estas afirmaciones y anunció el pasado 12 de mayo que presentaría una querella contra la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, por calumnias y difamación al acusarla de homicidio imprudente.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, también respondió ante esta cuestión asegurando que no le constaba que hubiera “criterios de exclusión” en hospitales de la Comunidad de Madrid para acoger a pacientes de residencias.
“No nos consta que haya criterios de exclusión, eso no debería suceder. Los hospitales tienen que atender en igualdad de condiciones y tiene que seguir siendo así. No me consta que no haya sido así, insisto”, reiteró Aguado.