El Gobierno destinará 60.000 euros a un programa de respiro familiar
PINTO / 17 MAYO 2021 / La concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Pinto ha puesto en marcha los trámites administrativos para ampliar el Parque de viviendas municipal en alquiler social, con siete nuevas viviendas que pasarán a ser gestionadas por la Concejalía de Derechos Sociales.
Según ha informado el segundo teniente de Alcalde y responsable del área de Servicios Públicos, Rafael Sánchez, estas viviendas se dirigirán «a familias especialmente vulnerables», y se sumarán a la veintena de pisos ya gestionados desde 2018.
Sánchez ha precisado que aunque el patrimonio municipal de viviendas «es muy escaso», todo el parque de viviendas propiedad del Ayuntamiento «va a estar aprovechado».
Programas de servicios sociales
Por otro lado, el edil ha informado de que la Junta de Gobierno local ha aprobado la licitación de dos nuevos servicios de la concejalía de Derechos Sociales. Uno de ellos es el Servicio del programa de respiro familiar, dirigido a familias cuidadoras de personas con discapacidad o personas en situación de dependencia en el municipio de Pinto, por un importe de 60.803 euros anuales.
Además, el Ejecutivo ha aprobado el Servicio de acompañamiento a personas para su inclusión social, proyecto que contará con un montante de 58.864 euros anuales.
«Hacemos un esfuerzo importante por reforzar nuestros Servicios Sociales», ha señalado el edil.
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El Ayuntamiento de Pinto tiene un edificio de 32 viviendas supuestamente sociales en paseo de las artes nº 30 que recibió a cambio de ceder el resto de la parcela EQ3 (paseo de las artes 28) para la construcción y explotación de 240 viviendas sociales en alquiler a la empresa privada que construyera dichas viviendas. Curiosamente al poco de finalizar la construcción se cedió a un fondo buitre con el consentimiento del Ayuntamiento en Pleno. El precio del alquier de estas 240 viviendas sociales está a precio de mercado de renta libre, sin embargo el precio de las 32 viviendas gestionadas directamente por el ayuntamiento se encuentra a prácticamente la mitad de precio de las gestionadas por el fondo buitre Lazora. Cabe decir que la gestión de la totalidad de las 32 viviendas de propiedad directa del ayuntamiento es poco clara, algunos vecinos denuncian que los inquilinos de algunas de esas viviendas son empleados públicos del propio ayuntamiento o allegados que han tenido un trato preferente.