El alcalde de Pinto, Diego Ortiz (PSOE), ha anunciado que el procedimiento de examen para taquilleros en la piscina municipal «ha sido anulado» al tiempo que dos trabajadores de la empresa pública de Servicios (Aserpinto) han sido «expedientados» por «una supuesta revelación de información en la realización del examen» de taquilleros».
Una información revelada por el diario ‘La Razón’ apuntaba a que una de las personas que aprobó el examen era pareja sentimental de uno de los integrantes del tribunal evaluador, lo que ha llevado al PP pinteño a anunciar que estudia llevar el caso a la Fiscalía.
El Ayuntamiento ha desmentido que hubiera cargo político alguno en el tribunal examinador, del que, según ha precisado, «forman parte los representantes sindicales y los encargados de diferentes departamentos».
«La empresa, en cuanto detectó la posible irregularidad en el proceso de exámenes de taquillero, lo puso en conocimiento del tribunal examinador con los representantes sindicales para iniciar acciones correctivas, y no al contrario», ha reseñado el regidor.
Ante esta situación, se inició la apertura de expedientes sancionadores a dos trabajadores de la empresa por la «supuesta revelación de información en la realización del examen de taquilleros».
Al mismo tiempo, el primer edil ha precisado que «en ningún momento se ha asignado ninguna plaza a ningún participante, ni se han conocido -ha añadido- las notas de ningún examen, ya que fue anulado y se repetirá en fechas próximas».
Situación «excepcional»
Además, ha precisado que «lo ocurrido en este proceso de taquilleros es una situación totalmente excepcional dentro del procedimiento habitual de la empresa pública», ya que, según ha precisado, los «procesos de selección de Aserpinto han sido y son imparciales y transparentes y aquella persona que quiera hacer trampas debe saber que se tomaremos las medidas necesarias para evitarlo».
El PP, por su lado, ha solicitado la constitución de una comisión de investigación para poner luz sobre las presuntas irregularidades, donde se habría «tratado de favorecer a una de las candidatas, quien mantendría relación con personas que formaban parte del tribunal». «Se da la circunstancia de que esta persona habría sacado en el examen una nota de 10, pese a las dificultades en el cuestionario», ha agregado.
Además, el portavoz y candidato, Salomón Aguado, ha manifestado que los ‘populares’ se reservan «el derecho de poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción estos hechos», que han tildado de «gravedad extrema».
