La polémica en Parla por el pago de facturas en efectivo ha dado un paso más. El Grupo municipal de Vox ha llevado el contencioso ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que investigue el asunto.
Los abonos en efectivo son una práctica habitual por parte de los Grupos municipales, según reflejan los informes de la Intervención Municipal parleña. El problema radica cuando se sobrepasa el tope máximo que fija la Ley para estos pagos. Son 1.000 euros para empresas y entidades. Se trata de una restricción que busca evitar el fraude fiscal.
Así lo establece la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que está en vigor desde julio de 2021. La normativa es muy clara al respecto al establecer que las transacciones que superen este importe deben hacerse a través de medios electrónicos, como transferencias, tarjetas de crédito o débito.
Pese a estas restricciones, Vox ha detectado que los socialistas realizaron un pago en efectivo por importe de 1.007,93 euros, según refleja el informe del interventor municipal.
El concepto de esa factura era ‘Vinilo Despacho Frontis Corporativo Roll-Up Corporativo’, y figura con fecha de facturación del 18 de enero de 2022, según los documentos a los que ha tenido acceso Noticias para Municipios.
«Incumplimiento flagrante de la legislación antifraude»
El portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique, cree que este hecho «constituye un incumplimiento flagrante de la legislación antifraude, especialmente grave por haberse realizado desde un grupo político que gestiona recursos públicos».
“El PSOE de Parla -agrega- ha incumplido una norma básica de control fiscal. No se trata de un simple error administrativo, sino de un acto contrario a la ley que no puede quedar sin respuesta».
La formación ha considerado que no deben prevalecer los «favoritismos» ni la «impunidad», por lo que ha dado traslado de toda la documentación a la Agencia Tributaria. El objetivo, que se investigue el pago y se depuren responsabilidad. Esta entidad es la encargada de que se cumplan las normativas y directrices que fija Hacienda.
Un abono con informe «favorable»
Por su parte, el Ejecutivo de Ramón Jurado está tranquilo ante la denuncia. Sobre todo porque la cantidad excedida apenas alcanza los 8 euros.
Según las explicaciones aportadas, la factura en cuestión tenía un importe de 833 euros. Al sumarle el IVA la cantidad a pagar ascendía a los 1007 euros, superando el tope solo por 7,9 euros.
Las mismas fuentes han defendido la legalidad del pago, ya que la factura está incluida «en un informe de intervención firmado por el entonces responsable del Servicio con fecha 10/03/2023 donde la propia Intervención Municipal considera el gasto aceptable y justificado«.
