La medida, apoyada por los cuatro Grupos políticos, ha sido recurrida judicialmente

LEGANÉS/ 14 MARZO 2014/ El Ayuntamiento de Leganés acordó el pasado mes de julio impedir la concesión de licencias para implantar nuevas Estaciones de servicio en la ciudad durante un año. Los cuatro Grupos políticos del Consistorio (Partido Popular, Partido Socialista, Unión por Leganés e Izquierda Unida) acordaron por unanimidad vetar la apertura de nuevas gasolineras durante el periodo de un año.

El Ayuntamiento señaló que el objetivo de la medida era intentar regular toda la normativa estatal, regional y local que existe en la actualidad, “y que ha cambiado en los últimos trece años permitiendo la instalación de unidades de suministro en cualquier enclave al liberarse el sector”.  Por ello se acordó crear una “comisión de trabajo técnico-política” en el que participan los Grupos políticos y la Unión de Empresarios de Leganés (UNELE)”. Meses después, aún no hay comunicación oficial sobre lo acordado en dicha comisión.

El veto a la concesión de licencias ha sido demandada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid por varios de los afectados que ya habían solicitado hace tiempo el permiso pertinente para el inicio de actividad. La decisión política echa por tierra sus intereses particulares, pero también los de decenas de leganenses que podrían haber encontrado un puesto de trabajo en estos nuevos negocios.

Los recursos judiciales se encuentran por el momento en la vía administrativa, aunque los recurrentes no descartan que acabe “en un proceso Penal”.

VÍA PENAL

Para la apertura de esta vía, esgrimen que podría existir un delito en la decisión unánime del Pleno. Y es que en un principio, el expediente municipal planteaba “paralizar los casos de nuevas solicitudes de licencias” durante un año, pero una sospechosa enmienda al Punto 5 del Pleno Extraordinario del 12 de julio de 2013 acordada por todos los partidos políticos en Junta de Portavoces, propuso “suspender cautelarmente el procedimiento de otorgamiento de licencias tanto en trámite como futuras, a las que resulte de aplicación las ordenanzas reguladoras de las estaciones de servicios recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana y su Plan Director de Estaciones de Servicio de Leganés”.

Una enmienda acordada políticamente (PP-PSOE-ULEG-IU) ha decidido paralizar la concesión de licencias urbanísticas –algunas ya en trámite- para poner en marcha nuevas gasolineras, algo que podría ser cuanto menos irregular teniendo en cuenta que no existirían informes técnicos que avalasen esta medida.

Por ello, el recurso presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo Numero 2 de Madrid, el cual ha sido admitido, solicita que se declare “nula o subsidiariamente anulable” la decisión de Pleno “por ser contraria a Derecho” por lo que se solicita “el derecho a obtener la licencia solicitada”. El letrado demandante pide además “condenar a la Administración demandad al pago de las costas procesales”.

Ante esta demanda, el Ayuntamiento de Leganés ha decidido no personarse en la causa, tal y como aclara una providencia del juzgado del pasado 12 de febrero.

Una enmienda que paraliza todas las licencias

El informe-propuesta del Ayuntamiento de Leganés, con fecha 12 de julio de 2013, pretendía la suspensión cautelar del “procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas en el término municipal de Leganés en los casos de nuevas solicitudes de licencias (…).

Sin embargo, días más tarde a la presentación de esta propuesta que iba a ser debatida en Pleno municipal, los cuatro Grupos políticos acordaron, según el informe del Secretario del Ayuntamiento al que ha tenido acceso LEGANÉS Al Día, suspender cautelarmente estas licencias pero afectando a las solicitudes “tanto en trámite como futuras”.

La misma enmienda contempla en su punto segundo “crear una comisión de Trabajo Técnico-Política para proceder a la elaboración de la nueva normativa que regule este sector en el ámbito municipal. Contando en dicha Comisión con las entidades Unión de Empresarios de Leganés (UNELE) y con la Agrupación de Distribución de Productos Energéticos).

La decisión política afecta de lleno a las licencias solicitadas y por lo tanto en trámite. Ninguno de los grupos ha dado explicaciones al respecto y ahora probablemente tendrían que hacerlo en los tribunales si el asunto llegar a la vía penal. 

ALBERTO GASCO