La Provincial se adhiere al recurso que presentaron los independientes tras desestimarse la denuncia

LEGANÉS / 21 ENERO 2014 / “Se trataría de una cuestión de vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la CE”. Así de rotunda se ha mostrado la Fiscalía Provincial de Madrid ante el recurso presentado por Unión por Leganés (ULEG) por la denuncia desestimada contra el alcalde, el popular Jesús Gómez, por la presunta vulneración de derechos fundamentales.

La denuncia se interpuso después de que, en el Pleno del 27 de junio pasado, el regidor ‘popular’ decidiese dejar fuera del orden del día la petición de ULEG de debatir la creación de dos comisiones de investigación para indagar en la adjudicación de los contratos de mantenimiento de zonas verdes y de mantenimiento de vía pública, por presuntas irregularidades.

El regidor aseguró que no era necesario esta comisión ya que el asunto no se había planteado en los órganos habilitados para ello, como la comisión de Contratación, argumentos que no convencieron a ULEG, que interpuso la denuncia.

Posteriormente, el Juzgado número 5 de lo Contencioso-administrativo de Madrid desestimó el asunto. ULEG consideró que el archivo respondió a  “una cuestión formal” y, por ello, interpuso el correspondiente recurso.

La respuesta de la Fiscalía Provincial no se ha hecho esperar. Así, en una comunicación reciente a las partes, respalda la versión de los independientes.

De hecho, alega en el escrito que se “adhiere al recurso interpuesto, reiterando los argumentos expuestos en nuestras alegaciones de fecha de 14 de agosto de 2013, al considerar contra la exposición de la sentencia recurrida que el acto recurrido, en todo caso, se trataría de una cuestión de vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23 de la CE en tanto –agrega- que se impidió ejercer los mecanismos de control o fiscalización al no incluirse las mociones propuestas por el recurrente”.

Ahora, según los independientes, será “el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el encargado de zanjar si el alcalde vulneró los derechos fundamentales del partido vecinal al impedirle que se incluyera en el orden del día del pleno diversas mociones por las que se pedía una investigación”.

Mientras, desde Alcaldía se ha señalado que el hecho de que la Fiscalía mantenga la misma postura en apelación es algo habitual y que no supone “ninguna sorpresa”.

Además, han considerado que al tratarse de un asunto que se está tramitando por lo Contencioso-administrativo y no por lo penal, la “actuación del fiscal es obligatoria”.

 DAVID CASTILLEJO