El Gobierno local dice que el alcalde no conculcó derechos fundamentales al excluir dos mociones de ULEG en un Pleno

Jesús Gómez (PP) alega que la sentencia del TSJM parte de un planteamiento erróneo

LEGANÉS/ 5 JUNIO 2014/ El Gobierno local del PP de Leganés ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la vulneración de derechos fundamentales de los concejales de Unión por Leganés (ULEG) en un Pleno de 2013 “no atribuye responsabilidad a ninguna persona concreta”.

Con ello, el Ejecutivo ha intentado descafeinar esta resolución judicial al afirmar que el alcalde “no conculcó los derechos fundamentales”. “Difícilmente pueda atribuirse al alcalde o a cualquier otra persona conculcación o violación de derechos fundamentales”, ha señalado el Ayuntamiento.

En este punto, los ‘populares’ han recordado que esta sentencia no tiene consecuencias “en el ámbito civil o penal”, y que su alcance, a lo sumo, “sería el de anular un acto administrativo concreto”, algo que la propia resolución del Alto Tribunal tampoco contempla.

El TSJM había estimado un recurso de ULEG sobre el pleno del 24 de junio de 2013, cuando el alcalde decidió excluir del orden del día dos mociones de la formación independiente pidiendo sendas comisiones de investigación sobre adjudicaciones. Aunque admitió que las mociones se presentaron fuera de plazo, la Sala consideró que se vulneró el derecho de ULEG a la participación política porque, en ese mismo Pleno, el regidor sí admitió otras mociones presentadas también fuera de plazo.

“Entiende la sala que se produjo una elaboración arbitraria del orden del día con la inclusión y exclusión de mociones presentadas en la misma fecha (fuera de plazo todas ellas), sin motivación alguna”, concluyó el Tribunal Superior de Justicia.

ACATAR EL FALLO

Tras conocer el fallo, el alcalde ha asegurado que lo acatará, pero ha precisado que éste parte de un “planteamiento erróneo”, ya que cuando excluyó las dos mociones lo hizo porque pretendía “proteger el derecho fundamental al honor de funcionarios y miembros de la Corporación, y no una actuación puramente arbitraria como la que señala la sentencia y que, en ningún momento, se produjo”.

Según el Ayuntamiento, ambas mociones de ULEG “atentaban gravemente contra la honorabilidad de funcionarios y miembros del equipo de Gobierno puesto que, en la exposición de motivos de ambas iniciativas, ULEG afirmaba que en determinados contratos municipales en fase de redacción no se iba a perseguir el interés general y que estaban plagados de irregularidades”.

Y eso era algo que el regidor, “como responsable de la elaboración del orden del día y en su calidad de máximo responsable de la plantilla municipal, no podía admitir. “No podía dar cabida a ese tipo de insinuaciones gravemente atentatorias contra la honorabilidad de funcionarios y concejales”, alegan desde el Ejecutivo.

Sobre el asunto, el primer edil leganense ha señalado que “si se me volviera a presentar una situación similar no dudaría en actuar del mismo modo: ni desde un punto de vista ético, ni tampoco desde la responsabilidad que tengo como alcalde y máximo responsable de la plantilla, no puedo permitir que se utilicen los instrumentos de control al Gobierno para lanzar acusaciones o insinuaciones contra la plantilla, o contra cualquier otro miembro de la Corporación, sin que quienes las realicen presenten, siquiera, alguna prueba o indicio de lo que afirman”.

“Tan derecho fundamental es la participación política como el derecho al honor”, ha concluido.

DAVID GARCÍA