El municipio de Coslada ha aprobado en el Pleno de este miércoles dar viabilidad a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por once alcaldes de la región. La idea que persigue esta medida es que sean los propios ayuntamientos los que decidan declararse zonas tensionadas de vivienda para topar los precios de los alquileres. Los Grupos del PSOE, Más Madrid y Podemos-IU han dado su visto buena a la propuesta, mientras PP y Vox se han abstenido.
La iniciativa de los alcaldes precisa de la aprobación previa en los distintos Plenos antes de tramitarse en la Asamblea de Madrid. De prosperar, esta ILP permitirá una modificación en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para que los Consistorios se declaren zonas tensionadas. Todo ello ante la negativa del Gobierno regional a aplicar esta medida, que propone la Ley de Vivienda.
La concejala de Vivienda y portavoz del Grupo Socialista, Macarena Orosa, ha defendido la propuesta tras recordar que, en 2023, el ayuntamiento ya solicitó la declaración de vivienda tensionada, que rechazó la Comunidad.
La edil ha manifestado que en aquellas zonas donde se ha aplicado la declaración, los precios han bajado «hasta un 5 por ciento». Al tiempo, ha considerado que el municipio «cumple con todos los requisitos». «Entendemos que el derecho de la vivienda está consagrado en varios textos», ha apostillado.
Las reacciones a la propuesta
Desde Vox, la edil Úrsula Hernández ha justificado la abstención debido a que, a su juicio, la Ley de Vivienda «no contribuye a bajar el precio». Además, cree que» aniquila la inversión en vivienda y ataca frontalmente a los pequeños propietarios».
En cambio, para Fernando Romero, concejal de Empleo y portavoz de Más Madrid, las Administraciones «deben ser un actor en el mecanismo para controlar el precio de las viviendas».
Por su lado, Víctor Herrera, concejal del PP, ha asegurado que el PSOE intenta «colar» el tema de las zonas tensionadas para «obtener rédito político». Al tiempo, ha definido como «una especie de aquelarre progresista» la comisión creada por los once alcaldes socialistas de la región para promover la ILP.
