En Ciempozuelos, la nueva tasa de basuras ha pasado de trámite administrativo a incendio político. En los últimos días, numerosos vecinos han recibido recibos con cantidades desproporcionadas por una cadena de errores que van desde bonificaciones no aplicadas hasta fallos en la calificación catastral o cobros a locales comerciales cerrados.
El malestar ha ido a más con casos especialmente llamativos: propietarios de cuevas o parcelas a los que se les habrían girado recibos de hasta 700 euros por un problema ligado al catastro, según se ha difundido en el municipio.
Reclamaciones, tensión y una manifestación el día del pleno
El PP, a través de su portavoz Héctor Añover, asegura que la situación ha motivado la convocatoria de una manifestación el 29 de enero, coincidiendo con el pleno municipal.
“No es un recibo, es una bomba en el buzón”, resumen algunos vecinos en conversaciones de calle, con el enfado centrado en que los errores afectan a hogares y negocios de forma desigual.
La alcaldesa cesa al concejal de Hacienda
La alcaldesa, Raquel Jimeno, ha calificado lo ocurrido de “inadmisible” y ha anunciado medidas inmediatas: refuerzo y reorganización del departamento económico y, sobre todo, el cese del concejal de Hacienda, Frank García, al que señala como máximo responsable por la no aplicación de bonificaciones en casos en los que sí se habían solicitado.
La Concejalía de Hacienda pasa ahora a manos del teniente de alcalde, Luis Pueyo, con el objetivo de corregir cuanto antes el problema y dar respuesta al aluvión de quejas.
La cadena de fallos
El Gobierno local distingue entre errores atribuibles a la gestión municipal (como bonificaciones no aplicadas) y otros desajustes que, según explican, tienen que ver con errores de catalogación catastral, como parcelas o cuevas clasificadas como suelo industrial.
Además, se han detectado casos en locales cerrados cuyos titulares no habrían solicitado una bonificación por desconocimiento de que existía.
El PP carga contra el diseño de la tasa
El portavoz popular sostiene que la tasa “está mal planteada de base” y critica que los criterios usados (como tramos catastrales) generan situaciones injustas, citando ejemplos de recibos muy altos por locales unificados que siguen computando varias referencias. En algunos casos se habla de importes de hasta 2.100 euros.
Para el PP, el cese del edil no basta: el foco, dicen, está en la alcaldesa y en la forma en la que se está aplicando la norma.
