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Los municipios de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Parla y San Sebastián de los Reyes tendrán nuevas estaciones medidoras de calidad del aire en el primer trimestre 2023, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su última reunión.

La Unión Europea dio el visto bueno a su ubicación en marzo pasado. Contarán con analizadores y equipos de última generación, que trasladarán los datos en tiempo real al centro de procesamiento en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

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La inversión necesaria para poner en marcha estas infraestructuras medioambientales alcanzará los 680.000 euros y se completará así la red en todos los municipios de más de 75.000 habitantes.

Para determinar el lugar idóneo, adecuado a los criterios de implantación de la normativa, se están realizando campañas de control con las dos unidades móviles de las que dispone la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo autonómico ya ha contactado con las cuatro localidades para iniciar los pasos previos a su montaje y concretar cuáles van a ser las ubicaciones finales, según ha señalado el Gobierno regional en una nota.

Capa de contaminación sobre la ciudad desde el Cerro del Tío Pío en Madrid Jesús Hellín / Europa Press

Red regional

La red regional está formada en la actualidad por 24 estaciones que evalúan y controlan el aire, ubicadas en Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Valdemoro, Aranjuez, Orusco de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Algete, Alcobendas, Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Guadalix de la Sierra, Rascafría (Puerto de Cotos), El Atazar, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Majadahonda, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

La capital cuenta con su propia Red de control gestionada por el Ayuntamiento, dedicada también a la medición de las partículas contaminantes en suspensión en el aire.

Las partículas en suspensión constituyen un contaminante atmosférico procedente tanto de fuentes naturales (tormentas de arena, erupciones volcánicas, incendios forestales, etcétera) como de la actividad humana (tráfico, especialmente vehículos diésel, incineradoras, calefacciones de carbón, minería o procesos industriales).

Las elevadas concentraciones de partículas en suspensión pueden provocar disminución de la función pulmonar, desencadenar una crisis asmática en las personas que padecen esta enfermedad o empeorar la situación clínica de los pacientes con problemas respiratorios o cardíacos, aumentando el número de urgencias e ingresos hospitalarios.

Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 por ciento del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Así, los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero, en muchos casos «no existen», y en otros son «inefectivos por falta de voluntad política».

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