La Comunidad de Madrid ha autorizado a la Agencia de Vivienda Social (AVS) una inversión de 2,9 millones de euros para comprar 18 casas destinadas al realojo de familias que residen actualmente en poblados de infraviviendas, fundamentalmente en el de Río Guadarrama-Las Sabinas, aunque también en la Cañada Real.
El Gobierno regional ha elaborado un Plan de Actuación que promueve la reubicación de estas familias en comunidades privadas de más de seis vecinos, para lograr su plena inclusión, para lo cual lleva meses asumiendo la compra de viviendas a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS).
Asimismo, este programa prevé el desarrollo de propuestas de carácter social para atender a los ciudadanos que sufren esta realidad, una medida que se realiza de forma coordinada con los ayuntamientos aplicando los acuerdos alcanzados y firmados en diferentes convenios de colaboración.
Estos nuevos domicilios adquiridos están dirigidos a personas registradas en dos zonas que sufren un alto nivel de marginación como son la del Río Guadarrama-Las Sabinas, en las localidades de Móstoles y Arroyomolinos, y la Cañada Real Galiana, en los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid capital.
Desde 2016, el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 60 millones para adquirir 422 viviendas con el objetivo de hacer realidad el proceso de integración de los ciudadanos que viven en estos poblados chabolistas.
Poblado de Las Sabinas
En este sentido, en marzo pasado se rubricó un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid para llevar a cabo el realojo de las últimas 68 familias que residen en el asentamiento ilegal de Las Sabinas, en la parte que afecta a Móstoles.
El acuerdo, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), afectará a las familias empadronadas antes del 31 de diciembre de 2018 y viene a completar el trabajo del convenio de 2013, basado en el censo de 2008 y en el que no estaban incluidas muchas familias que no cumplían las condiciones del mismo.
En una actuación anterior, aprobada en noviembre de 2013, ambas administraciones realojaron a 54 familias tras una inversión de 12 millones de euros, y solo estaba pendiente este nuevo convenio para dar acceso a una vivienda a «otras 60 familias que no pudieron adherirse al anterior y cuyo realojo permitiría el desmantelamiento completo».