Las obras del fallido tren a Navalcarnero, con las que se pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros entre Móstoles y esta localidad, siguen coleando en los tribunales. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado en contra de la concesionaria OHLA y en favor de la Comunidad de Madrid.
En concreto, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado un recurso presentado por OHLA en el que solicitaba un pago de 53,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid por la paralización en 2010, en plena crisis financiera, de las obras del tren a Navalcarnero.
La compañía ya recibió a finales de 2021 un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato que proyectaba una nueva línea de tren de cercanías entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero.
Ahora, una nueva sentencia, fechada el pasado mes de noviembre, declara ajustada a derecho otra resolución previa que desestimaba la pretensión de la constructora de pedir una indemnización adicional a la ya recibida.
Corresponde a OHLA
En esta ocasión, pedía el reembolso de los costes de inversión por obras ejecutadas y no abonadas en relación al proyecto complementario y actuaciones de reposición, adecuación y cerramiento en el marco de este contrato encargado a Cemonasa, filial de por ese entonces OHL.
Sin embargo, la sentencia lo desestima y recuerda que la paralización de las obras solo resulta imputable a Cemonasa, pero no a la Comunidad de Madrid. «Y si la paralización de las obras es imputable a la concesionaria, todos los gastos que de ello hayan derivado deberán ser asumidos por la misma. Son parte de sus obligaciones el mantenimiento y conservación de las obras y por tanto ha de asumir sus costes conforme a las cláusulas», justifica.
De esta forma, desestima el recurso contencioso entablado al entender que «todo lo reclamado proviene del contrato que mediaba entre las partes y han sido costes generados a la contratista derivados de su propia actuación, así del denominado proyecto complementario (no requerido por la Administración ni aprobado) y por el abandono definitivo de la obra».
Un proyecto fallido
El plan de ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero, una obra que fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre, quien adjudicó a la constructora OHL en 2009 por 369 millones de euros.
Las obras arrancaron en ese mismo año tanto en Móstoles, donde se comenzaron a oradar los túneles que iban a soterrar toda la línea a su paso por la ciudad, como en Navalcarnero, donde se acotó y valló el trazado, que discurría en superficie, y se llegaron a iniciar las estaciones tanto de El Pinar como de La Dehesa.
Sin embargo, este trazado, que en teoría iba a tener 15 kilómetros de longitud, siete estaciones y estaría abierto a finales de 2015, fue paralizado por parte de OHL en el año 2010 y, más de una década después de que se iniciase esta obra, los vecinos de Navalcarnero, de Móstoles y de Arroyomolinos siguen sin tener esta conexión.
En junio de 2015, tras cinco años con las obras paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad de Madrid solicitando la resolución del contrato por «imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles».
A su vez, el Gobierno regional, entonces liderado por Cristina Cifuentes, reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por «incumplimiento de contrato».
Finalmente, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid y estimó la reclamación de OHL, que ha recibido un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato.