La UCO buscaba documentación sobre una serie de contratos menores adjudicados durante los años 2016 y 2017
MÓSTOLES/ 9 SEPTIEMBRE 2020/ Los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Vox en Móstoles han reclamado al Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, que se convoque “urgentemente” una Junta de Portavoces extraordinaria para informar de los requerimientos que ha hecho la Guardia Civil tras registrar el Ayuntamiento este martes.
Así lo han solicitado las tres formaciones, en la oposición, tras conocerse este miércoles que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron este martes el Consistorio en busca de documentación sobre una serie de contratos menores adjudicados durante los años 2016 y 2017 por diferentes Concejalías.
Según ha adelantado la Cadena Ser, tras los registros se ha citado a declarar como testigos, en sede policial, a 17 personas, entre cargos actuales y pasados del Ayuntamiento y empleados de empresas privadas que prestaron sus servicios para el Consistorio.
“Entendemos que, ante un hecho tan excepcional, debería de haber convocado a los portavoces e informar de la situación, por supuesto respetando la exigencia de la posibilidad de que estas actuaciones estuvieran bajo secreto de sumario”, ha señalado la portavoz del PP, Mirina Cortés, en un comunicado.
Además, desde el PP, que han denunciado la “opacidad” del actual Gobierno, han avanzado que solicitarán de nuevo una comisión informativa en la que el Gobierno municipal “dé las explicaciones oportunas sobre las presuntas irregularidades de contratos que afectan a varias áreas municipales”.
La operación de la UCO está enmarcada en una denuncia interpuesta en 2019 por el exdirector de Hacienda del Ayuntamiento, Sergio Gil, ante la Fiscalía, quien acabó presentando denuncia por los delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El juzgado de instrucción número 5 de Móstoles abrió diligencias por este motivo en marzo de 2019 para esclarecer supuestos delitos en la adjudicación, por parte del Consistorio, de una serie de contrataciones menores realizadas a lo largo de 2016 y 2017 por el gobierno municipal, formado entonces por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM.
Denunciante cesado
Desde el PP han recordado además que el exdirector de Hacienda que denunció estas presuntas irregularidades, un cargo de libre designación nombrado por el entonces edil de Hacienda, Javier Gómez (PSOE), “fue despedido como represalia tras la denuncia efectuada” tras conocerse la apertura de diligencias por parte del Juzgado.
De hecho, el 30 de julio pasado se conocía la sentencia mediante la que la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid anulaba dicho cese al considerar que la Corporación municipal “vulneró los derechos fundamentales” del trabajador y que su despido respondió “a una represalia”.
Tras conocer dicha sentencia, el Consistorio anunció que recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al mostrarse “en total desacuerdo” con las causas del cese que alega el denunciante, ya que “un cargo de confianza se nombra y se cesa a petición del concejal responsable del área a la que está asignado”.
Para la jueza la relación directa entre la denuncia y el cese ha quedado demostrada a lo largo del juicio por lo que condenaba también al Ayuntamiento a abonar a Sergio G.D.S. una indemnización por daños morales de 8.000 euros, ante “el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante”.