El PP de Móstoles ha instado al Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, a encontrar «una solución urgente» para la renovación de los convenios firmados anualmente con Cruz Roja y otras entidades sociales de la ciudad para la atención de colectivos vulnerables, que llevan ya cinco meses sin efecto.
Desde el PP insisten en la necesidad de renovar «cuanto antes» estos convenios y acusan a la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), de frenar una solución después de que en el último Pleno municipal hiciera uso de su voto de calidad para rechazar una propuesta presentada por el PP en este sentido.
«Con esta decisión la alcaldesa agrava la situación que padecen las entidades sociales del municipio, más de año y medio en la incertidumbre de si podrán contar con la financiación de proyectos sociales esenciales para mostoleños que se encuentran en situación de vulnerabilidad», añaden desde el PP en un comunicado.
Cruz Roja se vio obligada ya a inicios de año a cerrar la Casa de Acogida temporal a mujeres y sus hijos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social después de que por «problemas jurídicos» no se pudiera renovar a tiempo la subvención municipal que sostenía este proyecto.
El otro servicio que Cruz Roja ha tenido que interrumpir es el Espacio de Conciliación y Urgencia Familiar, que servía para que muchas familias, sobre todo monoparentales y sin recursos, pudieran dejar a sus hijos mientras acuden a alguna entrevista de trabajo o mientras que realizan cursos para acceder a una oferta laboral.
Además de los convenios con Cruz Roja, el retraso en la renovación de los acuerdos ha afectado también a otras entidades sociales que actúan en la localidad como la Fundación Secretariado Gitano y Punto Omega.
Este último ha tenido que aportar sus propios recursos para mantener, a partir del 31 de diciembre, el centro de emergencia de noche, que proporciona cobijo a las personas sin hogar que se encuentran en las calles de Móstoles y que hasta ahora también financiaba el Ayuntamiento mediante otro convenio.
«Ya es evidente que no se trata de una imposibilidad jurídica, ya nos encontramos ante una falta de voluntad política puesta de manifiesto con el voto en contra de la alcaldesa, que precisamente es quien debería liderar una solución», ha añadido la portavoz del PP, Mirina Cortés, tras el rechazo a su propuesta en el Pleno.
Asesoramiento jurídico
«La propuesta se rechaza, como bien sabe Mirina Cortés, porque los servicios no pueden seguir realizándose a través de convenio y es una incoherencia votar a favor de algo que saben que no se puede realizar», ha señalado a Noticias para Municipios la edil de Servicios Sociales, Angela Viedma (PSOE).
Viedma insiste en que, como «bien sabe el PP», tras «un informe negativo de asesoramiento jurídico hay que desarrollar los servicios según correspondan», pero reitera que desde el Ayuntamiento «seguirán con el compromiso de mantener la atención a todos los colectivos que lo necesiten».
«En eso seguimos trabajando, pero siempre desde la legalidad. ¿Qué quiere el PP, que vayamos en contra de la ley? No lo vamos a hacer«, ha añadido, reprochando al PP que dejara «una deuda en el Ayuntamiento de 160 millones de euros».